Miles de millones de pesos al año pierde el Estado por los problemas de retrasos e inseguridad que genera la deficiencia en el proceso de titulación de tierras a través de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Así lo expresaron Miguel Valoy y Oquelis Montero, presidente y vicepresidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), así como Víctor Torres, presidente del consejo del núcleo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), al participar en el Encuentro Económico de HOY.

Estuvieron acompañados de Ivelisse Almánzar, presidenta del consejo de núcleo de Agrimensura en el Codia, así como de los costarricenses Marco Zúñiga, director ejecutivo de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura, y Daniel Acuña Ortega, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, quienes fueron invitados al país por Asodagrim.

Afirmaron que se continúa acumulando una gran cantidad de expedientes en la Jurisdicción Inmobiliaria, lo que afecta no solo a los agrimensores, sino al país y la sociedad entera, por lo cual el Estado deja de recibir por el pago impuestos, miles de millones al año.

Señalaron que producto de ese entaponamiento, el Estado no ha podido cumplir con el Plan Nacional de Titulación, porque la lentitud afecta tanto al Estado como al sector privado.

Sin embargo, consideraron que el más perjudicado es el Estado, porque si no tiene un título de propiedad no puede acceder al financiamiento.

Creen que la expedición de un título de propiedad conlleva una inversión de casi dos años, pero si se tiene mucha suerte.

Indicaron que en otros países los procesos de deslinde no duran ni siquiera quince días. “Tú depositas y a la semana te envían el título a tu casa”, dijo Torres.

Expresaron que ninguna entidad financiera quiere ejecutar ningún préstamo a menos que no haya un título de propiedad que garantice la veracidad de ese inmueble.

Plantearon que la cantidad de dinero que deja de percibir el gobierno por concepto de transferencia de inmuebles es incalculable.

El presidente de Asodagrim dijo que si no se hace lo que hay que hacer en la Jurisdicción Inmobiliaria, lo que implica una inversión importante del Estado, el país podría perder la seguridad jurídica y, de hecho, se han ido muchos inversionistas por esa situación.

“Si uno hace una investigación, sobre todo en la zona Este de la República Dominicana, por cada diez inversionistas, siete se han ido por problemas de tierra”, dijo Valoy.

Resaltó que Asodagrim y el Codia están desarrollando charlas y encuentros con diferentes sectores empresariales para que conozcan los problemas que existen en la Jurisdicción Inmobiliaria.

Señaló que desde del 2007 a la fecha el Estado ha dejado de percibir más de US$20 millones por concepto de impuestos por no emitir a tiempo los títulos de propiedad.

En tanto, Torres, representante Asodagrim ante la junta directiva del Codia, dijo que los cálculos que él ha hecho determinan que el Estado deja de recibir anualmente más de 2,000 millones de pesos por las dificultades en la Jurisdicción Inmobiliaria.

Señaló que los inversionistas extranjeros confrontan dificultades por los atrasos en la Jurisdicción Inmobiliaria.

“Por lo regular, los adquirientes de los apartamentos y locales necesitan el título para poder hipotecar y coger un préstamo para adueñarse de esa propiedad, pero con ese atraso de la Jurisdicción Inmobiliaria se retarda esa operación”, dijo.

Señaló que al no obtener el título de propiedad a tiempo, el Estado deja de recibir un 3% de impuesto a través del pago de impuesto a transferencia. “Si uno compra un apartamento en una torre de lujo de quince millones de pesos, usted tiene que pagarle el 3% de ese monto por la transferencia al Estado”, dijo.

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