Los problemas que se dan a lo interno de la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), tienen su origen en la falta de normativas. Así lo expresan empleados y funcionarios del Ayuntamiento.
Al referirse a las razones por las que los últimos dos incumbentes de esa dirección debieron "saltar" del cargo, Gabriel Castro, presidente de la Sala Capitular, dice: "es que ellos han querido erigirse por encima de la Sala Capitular y ellos son subalternos", comenta refiriéndose a los arquitectos Vencian Ben Gil y Nelson Toca, quienes se sucedieron en Planeamiento en los últimos dos años.
Castro agrega: "nosotros contraveníamos decisiones de ellos y no las querían acatar, alegando que no tenemos jurisdicción sobre ellos, y somos una jurisdicción superior".
El funcionario municipal se ampara en el Artículo 11 de la Ley 6232, que crea la Dirección General de Planeamiento Urbano (DGPU) y que establece que: "en casos de discrepancia o inconformidades de los interesados con los juicios emitidos sobre algún proyecto, éstos podrán apelar a los Ayuntamientos, a la Junta Nacional de Planificación y en última instancia a los tribunales ordinarios de justicia".
Según Esther Morillo, encargada de Urbanismo de la DPU, apenas el 1% de la ciudad consta de normativas para regir su desarrollo urbanístico.
El tipo de edificación que se realice en el Distrito, queda al parecer del director de Planeamiento, cuyas decisiones generan conflictos con regidores y constructores, según dice.
Los directores, a su vez, se apoyan en el Artículo 2 de la referida ley 6232, el cual dicta que "los órganos técnicos de los ayuntamientos encargados de regular el crecimiento de las poblaciones bajo su jurisdicción (…) se denominarán Oficinas de Planeamiento Urbano".
Morillo refiere que esa dirección siempre tiene que estar frenando a los constructores y se queja de las constantes violaciones a los permisos que se les otorgan, lo que atribuye a lo benévolas que son las sentencias de los tribunales. Según datos de la DPU, en los últimos dos años se ha perseguido y sometido 148 casos de construcciones ilegales.
La panacea para los problemas en el ayuntamiento parecería ser la aplicación del Plan Regulador, que empezó a elaborarse desde el 2004 pero que todavía no termina. Sin embargo, el nuevo director de planeamiento, Narciso Guzmán, asegura que en menos de un año estaría en ejecución.
