La presidenta de Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), María Gatón, denunció que desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional se están disponiendo nuevas trabas que impactan directamente el precio de las viviendas, alejando a los dominicanos a su posible adquisición, al aumentarles un promedio que oscila entre el 1.5 y el 3.0 % al valor de cada vivienda.

Gatón afirmó que estas acciones penalizan al sector de la construcción, que más aporta al PIB, según datos del Banco Central, hasta agosto de este año, con un 9.9 %, representando la vivienda el 86 % de la actividad.

“Desde Acoprovi estamos tratando de conjugar la agenda del desarrollo nacional y de la construcción para disminuir el déficit habitacional que tiene en calidad y cantidad República Dominicana y que alcanza a casi dos millones de unidades”, expuso la presidenta de ACOPROVI.

Igualmente, anunció que las medidas de imponer un cobro por vaciado de hormigón, siendo esta actividad inherente al desarrollo de la construcción y de la vivienda, contemplada en el pago de la tarifa del 2.5 % x 1000 del costo directo de la construcción -correspondiente al permiso de obra, que incluye carga y descarga de materiales- que realizan todos los desarrolladores formales, por lo que se encarece cada unidad en un 0.5 %, constituyéndose en una doble tributación.

“El ADN ahora nos está cobrando un monto por levantamiento de verja de protección perimetral provisional de RD$ 231.00 x metros lineales por cada mes de duración de la misma, cuando a las empresas que se dedican a la comercialización de vallas publicitarias se las cobran a precios menores”, subrayó.

Otro requisito que nos imponen Alcaldías e Intrant que se escapa de nuestras competencias es el estudio de impacto del tránsito y movilidad, pues deben ser las autoridades gubernamentales, a través de sus expertos en tránsito, sus asesores y consultores especializados que realicen el mismo, asegurando de esta forma que estos cuenten con los datos oficiales del tránsito de la zona donde se construirá el inmueble y que cumplan 100% con todas las recomendaciones del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana, el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y todas las normativas aplicables según las ubicaciones de los proyectos en el país.

Con todas estas nuevas medidas nos alejamos al llamado nacional de “disminuir el déficit habitacional del país y de ascender en temas de competitividad”.

Según el reciente Estudio de Demanda Efectiva de Viviendas, el 89.8 % de los dominicanos pueden adquirir una vivienda que cuesta hasta 4 millones de pesos, si permitimos que se nos cargue con más partidas burocráticas, el sector no va a poder producir estas unidades habitacionales, que ya son de por sí complejas de producir.

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