Tras el caso más reciente de estafas inmobiliarias en el país, que dio pie a la Operación Guepardo, la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, consideró que este tipo de fraude es un tema que debe ser abordado de manera integral entre el sector privado y el Gobierno.

«El problema de las estafas es un tema sensible, un asunto de conciencia que se debe trabajar desde la prevención», agregó.

Precisó que es necesario fortalecer la educación de los ciudadanos y consolidar el sector. «Es un tema de conciencia que se debe abordar desde la prevención, educando a las personas y proporcionando herramientas que ayuden a los futuros compradores a verificar la autenticidad de un inmueble», puntualizó.

El Poder Ejecutivo anunció a principios de diciembre de 2024 que depositó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que contempla endurecer las penas por estafas masivas.

A pesar de no estar documentada sobre el proyecto de ley sobre la persecución y judicialización de organizaciones criminales, el cual aumentaría la pena máxima de dos a diez años, Meléndez expresó que toda medida que contribuya a evitar que más personas se dediquen a estafar será positiva para el sector y la sociedad.

Actualmente, el delito de estafa en el Código Penal es sancionado con una pena máxima de dos años de prisión y el pago de multas. Sin embargo, el nuevo proyecto establece penas de tres a diez años de prisión para quienes cometan este tipo de fraude.

Según el documento, se considerará estafa masiva a quienes, «valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, por acción u omisión, con ánimo de lucro, utilicen engaño o maniobras fraudulentas para atraer activos de una pluralidad de personas, con la promesa de suministrarles un beneficio pecuniario».

Luis Abinader justificó la iniciativa como parte de los esfuerzos del Gobierno para alinear la legislación nacional con los estándares internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada. De hecho, el proyecto busca cumplir con compromisos asumidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, de la cual el país es signatario.

Iniciativa de Acoprovi para combatir fraudes
Para contribuir a la lucha contra las estafas inmobiliarias, Acoprovi lanzará el próximo jueves una campaña de concienciación y educación sobre las medidas que los ciudadanos deben tomar al momento de invertir en una propiedad.

La iniciativa incluirá:

• Un plan educativo con los pasos a seguir para realizar una compra segura de vivienda.
• Una campaña publicitaria en distintos medios de comunicación para orientar sobre herramientas que permitan identificar proyectos inmobiliarios seguros.
• Un acercamiento interinstitucional entre el sector público y privado para la creación de un catálogo que identifique las empresas registradas y que cumplan con los requisitos legales para la venta de inmuebles en el país.

Acoprovi busca fortalecer la confianza en el sector y prevenir que los ciudadanos sean víctimas de fraudes en el proceso de adquisición de viviendas. Además, trabajan para contar con un catálogo especializado sobre los agentes y proyectos inmobiliarios afiliados al gremio.

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