La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) emitió una alerta nacional sobre el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado por la Cámara de Diputados y depositado en el Senado el pasado 19 de septiembre, al considerar que la iniciativa tiene debilidades que afectan a los propietarios e inquilinos de viviendas.

Durante una rueda de prensa celebrada ayer, la presidenta de Acoprovi, Susi Gatón, expresó que la iniciativa obliga a las familias dominicanas y a los sectores productivos a regirse dentro de las mismas legislaciones de los años 50.

Gatón sostuvo que de ser aprobado este proyecto por el Senado en las condiciones actuales, se impide que más familias dominicanas puedan acceder al alquiler de viviendas, ya que no se estarían protegiendo efectivamente los derechos del inquilino y del propietario, lo cual desincentiva la producción de viviendas para estos fines.
Dijo que Acoprovi valora el esfuerzo de revisar esta ley que se encontraba tan desactualizada, no obstante considera que aún quedan varios aspectos por resolver antes de su aprobación final, como es el respeto al principio de libertad contractual.

¨Nos preocupa el largo y costoso proceso que deben agotar las partes para convenir el término de un contrato de alquiler, especialmente de viviendas, siendo este el segundo país de Latinoamérica que más depende del alquiler. No es competitivo tener que agotar de dos a tres instancias judiciales para poder concluir un contrato de alquiler; esto genera inestabilidad a las familias y afecta la inversión”, expresó la presidente de Acoprovi.

Dijo que el proyecto le sigue confiriendo atribuciones al Banco Agrícola que considera no son compatibles en materia de viviendas, como son la recepción de valores del depósito, los intereses y recargos generados, así como el registro del contrato de alquiler.

Añadió que estos valores, de enfocarlos en el mismo sector que los genera, permitirían al país reducir el déficit habitacional y que más familias tengan acceso a una vivienda segura, potenciando la producción de viviendas en alquiler en múltiples vertientes, como podría ser el establecimiento de un Fondo de Garantía.

Resaltó que este fondo, administrado por un fideicomiso, garantizaría la inversión en viviendas sociales de alquiler, impulsaría el mercado de valores y fomentaría el financiamiento de su producción, haciendo posible que las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda digna en alquiler, lo cual es muy difícil lograr en condiciones actuales.
Además, señaló Susi Gatón, una Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios adecuada representaría una gran oportunidad para la República Dominicana, evitando las anteriores debilidades y permitiendo que satisfaga a todas las partes equitativamente.

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