La preocupación de quienes compran valores emitidos por gobiernos de países extranjeros no es el bienestar de la población de esos países, salvo, por supuesto, que las malas condiciones de vida pudieran provocar disturbios que pusieran en peligro su dinero.

Su motivación es ganar intereses y recuperar sus inversiones. Más aún, los gastos sociales pueden ahuyentarlos si perciben que debido a ellos la posición fiscal se deteriora y disminuye la capacidad de pago de la deuda pública.

Un ejemplo de ello sucedió esta semana en la India. La rupia, la moneda de ese país, ya había declinado este año un 23% frente al dólar, debido a bajas en el valor de las exportaciones, y al temor de que el fin de la política monetaria expansiva de los EE.UU. pudiera estar próximo.

Pero un ingrediente adicional hizo que sufriera su mayor caída porcentual en 18 años, y arrastró hacia abajo el valor de las acciones.

El parlamento de la India aprobó hace poco un costoso programa de US$20,000 millones para financiar la entrega de arroz, trigo y otros alimentos a los sectores sociales más necesitados.

La inquietud de los inversionistas debido a ese programa opacó el efecto de la aprobación de un plan de obras de infraestructura por un monto de US$28,400 millones destinado a reactivar la economía.

Los inversionistas ven el programa social como prueba de que el gobierno no está cumpliendo su promesa de controlar el déficit fiscal, cuyos efectos sobre la rupia se agravan, porque la India tiene un déficit récord en la cuenta corriente de su balanza de pagos.

El problema está en que el año próximo habrá elecciones en la India, lo que significa que el gobierno está en campaña electoral. Los dominicanos sabemos lo que ocurre en esas circunstancias. El gasto público y el déficit fiscal aumentan, se desperdician recursos, y después hay que pagar por esos dispendios, tal como estamos haciendo ahora.

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