Al acercarse el 16 de agosto arrecian los planteamientos sobre lo que el nuevo gobierno debe hacer. Son una especie de ataque preventivo, al estilo de los que se llevan a cabo en diferentes contextos ante la inminencia de eventos de consecuencias inciertas, como las campañas de vacunación en casos de posibles epidemias, o la evacuación de personas de zonas bajas si se acerca un huracán.

No sólo son planteamientos verbales, sino que algunos van acompañados de actuaciones específicas en forma de anteproyectos legislativos dirigidos a favorecer, definir o restringir determinadas facultades o actividades.

El objetivo general de esas propuestas es tratar de establecer una dirección al debate, introducir temas de agenda, o trazar pautas para los asuntos que se da por seguro serán tratados, a fin de que el resultado esté de acuerdo con lo que los proponentes creen correcto o más les conviene.

Para que sus puntos de vista sean relevantes, cada parte envuelta en la discusión debe tener una fuente de poder, como la tienen en nuestro caso actual los legisladores, comerciantes, industriales, transportistas, agrupaciones, sindicatos y demás participantes. Pero lo más interesante es que la parte principal, constituida por el presidente electo y su posible equipo de funcionarios, ha estado prácticamente ausente de la discusión. Ha mantenido un notable hermetismo en cuanto a su opinión sobre medidas concretas, desde salarios, energía eléctrica e inversiones, al déficit fiscal, los empleados públicos y los impuestos.

Es una estrategia de silencio que le da el beneficio de la sorpresa, ventaja importante en cualquier negociación, como ha podido constatarse en las discusiones de pactos colectivos de trabajo, posiciones opuestas en asambleas de accionistas y salvaguardias en acuerdos comerciales. Su costo es el grado de indefinición generado durante la transición que ya está finalizando.

POR GUSTAVO VOLMAR

Publicado en diariolibre.com