La Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE) dio a conocer este viernes el informe de estudios realizados en la zona del sector Domingo Savio, cuyos resultados arrojan que para un período de retorno de 50 años el 67% de la franja bajo estudios se encuentra en riesgo de inundación y peligrosidad sísmica, por lo que se ha decidido declarar la zona como suelo no urbanizable, y desestimar el levantamiento de viviendas e infraestructuras en el sector.

Durante un encuentro con la prensa, el ingeniero Osiris de León, experto en geociencias y temas climáticos, presentó los resultados de varios estudios realizados y que demuestran la baja capacidad de carga del suelo blando y la vulnerabilidad de la zona marginal al río Ozama, enfatizando que actualmente un 23.9% de la franja marginal al río, en la zona de Domingo Savio, tiene riesgos de inundación, esto sin considerar cualquier fenómeno climatológico extremo que pueda afectar al país en cualquier momento.

“En septiembre del pasado año 2017 quedó evidenciado que el cambio climático es una realidad que hoy afecta a nuestra sociedad, ya que los huracanes Harvey, Irma y María fueron tres fenómenos meteorológicos consecutivos que tuvieron la particularidad inusual de que en pocas horas pasaron de tormentas tropicales a huracanes mayores, desarrollando tantas fuerzas y descargando tantas lluvias que provocaron destrucciones, inundaciones, y en algunos casos hasta muertes, afectando a Barbuda, Saint Marteen, Dominica, Puerto Rico, Cuba, La Florida, Houston y las costas del nordeste de la República Dominicana, al extremo de que todavía algunas de las islas del Caribe no han podido recuperarse de los graves daños. Si estos fenómenos atmosféricos hubiesen pasado por encima de nuestra isla, la zona más próxima al río Ozama, en Domingo Savio, la que ocupa una franja de 270,000 metros cuadrados, no existiría en la actualidad”, enfatizó el especialista.

La intención del gobierno Dominicano, manifestada el 27 de febrero de 2017, ha sido abrir los sectores de La Ciénaga y Los Guandules para conectarlos con el resto de la ciudad y hacer de ellos un ejemplo de orden, seguridad y buena convivencia comunitaria, liberando los espacios necesarios para garantizar la buena circulación, instalar alumbrado y alcantarillado sanitario, construir parques, escuelas y estancias infantiles, y, fundamentalmente, liberar la zona más vulnerable a las inundaciones recurrentes para devolverla al río mediante su conversión en un paseo ecológico con características de parque fluvial lateral al río Ozama. “Esta parte del proceso sigue en pie tal y como presentó el primer mandatario en su discurso de febrero pasado. La ubicación de los equipamientos sociales en el sector, se harán en aquellos terrenos fuera de la zona de riesgo, en este caso por ser un número reducido de construcciones y por la cantidad de espacio a liberar”, manifestó URBE.

En ese mismo orden de ideas, es responsabilidad del Estado dominicano velar y garantizar la integridad física y la vida de los dominicanos, razón por la cual, de manera responsable, se asume la decisión de declarar como territorio no urbanizable la franja de los 270,000 metros cuadrados que ocupa el sector Domingo Savio a orillas del río Ozama, zona que está ocupada por 1,400 familias que fueron empadronadas en noviembre del 2016. Esta área, en la que habitan alrededor de 3,600 personas, será recuperada mediante un proceso de evacuación preventiva para entonces dar paso a la construcción de una avenida que serviría como vía de evacuación general para casos de emergencias.

“Esta avenida tendrá las funciones de ser una vía de evacuación que permitirá de manera efectiva a más de 40 mil personas que permanecerán en esa zona y establecer un límite de la zona de alto riesgo. En el área entre la vía de evacuación y el río se ejecutará la sección ambiental para acelerar la generación del hábitat propio del lugar” informó URBE.

“Considerando que la comunidad científica está muy preocupada por el notable incremento y fortaleza de los fenómenos meteorológicos extremos, fenómenos que se esperan sean cada vez más frecuentes y más devastadores, hemos entendido que la sociedad dominicana requiere de un reordenamiento de los asentamientos humanos emplazados a orillas de nuestros grandes ríos, y que ello debe llevarnos a desocupar gradualmente las franjas marginales de mayor riesgo de inundación a los fines de proteger la vida de los ciudadanos que habitan a orillas de ríos, pues además de las inundaciones por fenómenos meteorológicos tenemos el riesgo de inundaciones por tsunamis, y apenas esta misma semana tuvimos una alerta de tsunami para el mar Caribe fruto de un terremoto de magnitud 7.6 ocurrido al norte de Honduras”, agregó De León.

Considerado que esos asentamientos humanos marginales a nuestros ríos son incompatibles con nuestra Ley Ambiental 64-00, e incompatibles con las condiciones geotécnicas de estas zonas pantanosas, el Gobierno ha decidido replantear su visión sobre el entorno urbano de los sectores de La Ciénaga y Los Guandules, toda vez que los estudios de suelos que recientemente hemos realizado demuestran que esas franjas están caracterizadas por arcillas, arenas y turbas (materia orgánica carbonosa de origen vegetal) de baja capacidad de carga, con un nivel freático (agua subterránea) ubicado a pocos centímetros bajo la superficie, con un altísimo riesgo de inundación por lluvias torrenciales o por tsunamis, y con una muy mala respuesta sísmica por efecto de amplificación del espectro sísmico por mala calidad del terreno, estudios técnicos que nos indican que esta zona marginal al río Ozama no es apta para construcción.

El Estado dominicano debe ser realista frente al comportamiento del clima y debe reconocer que las grandes fuerzas de la naturaleza se están imponiendo por encima de las fuerzas de los seres humanos, al mismo tiempo que el Estado debe ser respetuoso de la Ley Ambiental 64-00 y debe velar por su fiel cumplimiento en todo el territorio nacional, teniendo el compromiso de propiciar proyectos sobre la base de estudios profundos que garanticen la calidad, la seguridad y la durabilidad de las obras que ejecuta, aún frente a las peores adversidades de la naturaleza, pues ello repercutiría en la optimización de las inversiones realizadas con fondos públicos, en la seguridad de la gente que allí habita y en un mayor nivel de resiliencia ante desastres.

De León destacó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) ha estimado que el huracán María ha sido la catástrofe meteorológica “más grande” que se haya registrado en la historia de alguna jurisdicción de Estados Unidos, porque el pasado 20 de septiembre de 2017 “devastó completamente a Puerto Rico dejando al 100% de la isla a oscuras, al 60% de la gente sin agua, y provocando daños del orden de los 100 mil millones de dólares”, añadiendo que un informe publicado este 10 de enero de 2018 por la revista MIT Technology Review indica que los huracanes Harvey, Irma y María convirtieron a la temporada ciclónica del año 2017 en la más cara de la historia del océano Atlántico, con más de 200 mil millones de dólares en daños.

Fruto de esa situación, el Banco Mundial acaba de expresar un alto nivel de preocupación por las amenazas naturales que se ciernen en contra de los países de la región, pues “cada año al menos una isla del Caribe es devastada por un poderoso huracán y su economía queda muy afectada”.

En la República Dominicana hemos visto las inusuales e imprevistas lluvias de noviembre de 2016 donde en Puerto Plata, Gaspar Hernández, cordillera Septentrional, Cibao Central y Cibao Oriental se produjeron lluvias acumuladas de hasta 1,200 milímetros por metro cuadrado durante ese mes, por lo que la NASA publicó en su portal que “analizaba detenidamente las lluvias anormales caídas en el norte de la Hispaniola”, lluvias que generaron pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos, y que se repitieron casi en igual medida en el mes de mayo 2017 con grandes daños y pérdidas en la provincia de San Cristóbal, sin dejar de mencionar los graves daños provocados durante el paso de las tormentas Noel y Olga (2007) y la vaguada de Jimaní (2004).

“Desde URBE entendemos y apoyamos la decisión responsable del Estado dominicano de no construir vivienda en zonas de riesgo, razón por la que no se construirán edificaciones habitables en esta zona siendo coherente con la responsabilidad de salvaguardar en cualquier circunstancia la vida de nuestros ciudadanos” enfatizó la Unidad Ejecutora.

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