La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María -Susy- Gatón, informó que el sector está solicitando a las autoridades que permitan una declaración jurada notarizada como un mecanismo de demostrar el ingreso de las familias que están en la informalidad, y señala que es muy difícil su calificación para la banca y la obtención de un financiamiento a largo plazo.

“La mayoría de la población tiene un trabajo de carácter informal, casi el 60 % de las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) también son informales y no tienen cómo demostrar el ingreso real para la adquisición de una vivienda”, expresó

Gatón explicó que el sector de la construcción tiene un gran reto, bajar el precio de las viviendas porque los ingresos de las familias no son suficientes para comprar unidades habitacionales de 150 metros cuadrados. Llama a las autoridades a evaluar el mercado y en función de este estudio hablar de normas. “Si no evaluamos la norma en relación con densidad y altura, en relación con normativas que emanan del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones nos vamos a quedar sin mercado”, advierte.

Para poner un ejemplo de los ingresos de algunos miembros de las familias dominicanas, los salarios mínimos privados no sectorizados van desde RD$9,411.60; RD$10,620.00 a RD$15,447.60 mensuales.

En un recorrido realizado por Diario Libre por algunas páginas de empresas constructoras los costos en algunos proyectos oscilan entre RD$910,000 y RD$4,770,500 por unidad, otros superan esta suma.

La representante de uno de los sectores que más crecen de la economía dominicana (33.7% en el primer trimestre de este año, según datos del Banco Central), también se refirió al tema del lavado de activos, indica que en las viviendas de bajo costo no hay tal lavado.

“Nosotros entendemos que en viviendas de bajo costo no hay lavado de activos. La gente las compra con mucho esfuerzo y pagando la que habitan y pagando el inicial de la vivienda. Acoprovi nombró un asesor y pudimos elaborar el manual de ética, el formulario de las debidas diligencias, el manual de cumplimiento y capacitamos a 160 personas para las debidas diligencias de las empresas. No todas las empresas fueron porque son 255, pero capacitamos a esos 160 miembros”, expresó María Gatón.

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