Por unos días, a principios de este mes, parecía que el presupuesto del 2014 iba a ser aprobado sin sobresaltos. Era, después de todo, una propuesta que no involucraba grandes conmociones.

Mantenía el compromiso de gastos con la educación, respetaba la mayoría de las parcelas tradicionalmente reservadas, y hasta el porcentaje del déficit fiscal se quedaba igual. Parecía reflejar un deseo del gobierno de no querer buscarse problemas.

No está sucediendo así. Al poco tiempo comenzaron los reclamos por más obras, aumentos de sueldos y mayores asignaciones, y llegaron las declaraciones airadas de congresistas y grupos de presión.

En todos los países democráticos la discusión del presupuesto es una batalla por la distribución del gasto público, en la que participan regiones, ciudades, condados, provincias, agencias, y toda una gama de demarcaciones políticas y administrativas.

Si se lleva a cabo de forma equitativa, la batalla debe culminar con un documento que refleje un compromiso entre las partes, con el cual nadie se siente plenamente satisfecho pero tampoco tan excluido como para romper con el sistema. Para que ése pueda ser el resultado, sin embargo, cada reclamo debe ser evaluado en base a sus propios méritos, no según la magnitud de la influencia de cada reclamante.

El gobierno dominicano ha dado muestras de una encomiable flexibilidad en materia de rectificaciones. No se aferra a decisiones tomadas sólo para no dar su brazo a torcer, ni tampoco se niega a retirar o modificar propuestas después de haberlas presentado. Pero, por más que quiera, no puede complacer a todo el mundo.

Y como no puede hacerlo, y parece no querer buscarse problemas, corre el riesgo de atender las solicitudes que se le hacen según la incidencia, disposición para amenazar y capacidad de movilización de los solicitantes, lo que serviría de pauta para que otros sectores interesados hagan lo mismo.

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