Cuando un sector de la economía dominicana tiene un problema con el gobierno trata de resolverlo por su propia cuenta. No confía mucho en planteamientos generales ni en negociaciones colectivas. Prefiere manejarlo de forma bilateral, discreta y directa.

Lo hace de ese modo porque considera que así puede conseguir más. Y la experiencia parece darle la razón, pues aquí tradicionalmente salen mejor parados los que discuten sus asuntos en privado, en ambientes cerrados.

El gobierno conoce esa mentalidad y por años ha venido utilizándola para granjearse apoyos a cambio de concesiones, y de paso resquebrajar la unidad de sus interlocutores. Da señales de que está dispuesto a ser flexible, de modo individual y selectivo, siempre que la otra parte no se agrupe en un bloque y se le enfrente.

Dada esa realidad histórica, las fallidas reuniones del Consejo Económico y Social fueron una anomalía. El CES podía haber servido para evaluar estrategias de largo plazo, de ésas que no preocupan a nadie pues inciden sólo sobre el futuro y siempre se pueden cambiar antes de llegar allí. Pero discutir colectivamente medidas específicas de aplicación inmediata no estaba acorde con la tradición de bilateralidad y de acuerdos de aposento.

Pasado el CES, se ha vuelto a lo anterior. Visitas a Palacio. Concesiones a transportistas. Rebajas de ciertos impuestos. Declaraciones de apoyo a la reforma.

Y en el Congreso se da lo mismo. Planteamientos de cada sector a la Comisión y probablemente recomendaciones al pleno de algunas modificaciones.

Pero sucede que en una reforma tan amplia, aún si se reduce o se quita el impuesto propuesto para un sector, la incidencia del conjunto de gravámenes le afectará, pues habrá un descenso en la demanda agregada y en la actividad económica. Y ya una parte del empresariado parece haber comprendido que cada sector debe preocuparse por lo que le pase a los demás.