En ocasiones una empresa entra en conflicto con algún gobierno. Frecuentes son las disputas por pagos de impuestos y daños ambientales, pero también surgen diferencias en materia de prácticas laborales, patentes, campañas publicitarias, derechos de propiedad y uso de recursos públicos. En todos esos casos la empresa se encuentra en la disyuntiva de si confrontar al gobierno o someterse a sus dictados.

Durante años, la decisión dependía de con cuál gobierno era la disputa. Si la empresa era de un país desarrollado y el problema era con un gobierno del tercer mundo, era probable que se decidiera por la confrontación, pues tenía de su lado poderosos mecanismos económicos y políticos que podía utilizar para imponer sus intereses.

Esa situación ha venido cambiando, aunque todavía continúa vigente en países pequeños y débiles. Aquí en la RD, el caso de la Barrick nos permitirá saber más adelante cuál es la situación que prevalece, pero en otros países ya definitivamente ha cambiado.

Hay dos ejemplos recientes en relación con China y su gobierno. El 15 de marzo pasado, día de los derechos del consumidor, el canal de televisión central de China (CCTV), controlado por el gobierno, criticó a dos grandes compañías, Volkswagen y Apple. De la primera dijo que la transmisión de algunos modelos provocaba aceleraciones imprevistas, y acusó a Apple de aplicar en China políticas de servicios post venta peores que las que otorga en otros mercados. Otros medios de prensa y organismos públicos apoyaron las denuncias.

En lugar de rebatir las críticas, Volkswagen aceptó reparar las transmisiones, y esta semana Apple pidió disculpas públicamente y se comprometió a variar las cláusulas de servicio de los iPhones.

Y no es la primera vez que algo así sucede. En el 2012, CCTV atacó a McDonald’s y a Carrefour por sus productos alimenticios. Las acciones de las compañías bajaron y ambas se disculparon.

Fuente