La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) externó su preocupación ante las frecuentes incursiones de personas armadas, que acompañados de alguaciles procuran supuestas ejecuciones de sentencias y otros títulos ejecutorios.

Indica que estas actividades se están realizando sin ningún tipo de control, afectando la seguridad de quienes son objeto de la actuación e incluso ponen en riesgo a los terceros que encuentran en las proximidades del lugar donde se efectúa el hecho.

El pasado jueves un grupo de personas armadas procuró incursionar en las instalaciones de la empresa constructora Tavares Industrial, en Manoguayabo, alegando un embargo, cuyo hecho es una preocupación del sector productivo del país, ante las frecuentes actuaciones de esta naturaleza donde grupos armados ingresan a empresas y procuran llevarse bienes, vehículos, equipos, por medio de violencia y amedrentando a todo el entorno.

Son frecuentes los casos en que estas actuaciones se hacen bajo la apariencia de un título legítimo, especialmente con sentencias en materia laboral, donde por medio de procedimientos irregulares, donde se ha quebrantado el debido proceso y el derecho de defensa del demandado, por medio de notificaciones y citaciones irregulares, se inician procedimientos que escapan al conocimiento del embargado, dice Susi Gatón, presidente de la Acoprovi.

Afirma que es preocupante la ausencia de garantías de los actores económicos ante estas actuaciones que son practicadas por medio de turbas fuertes armadas, que acceden a la propiedad privada por medio de la fuerza, y atentando contra la integridad personal y la seguridad de las personas, que se encuentran en el lugar.

Hemos recibido múltiples denuncias de miembros de Acoprovi, que han sido afectados por estas prácticas; en algunos casos, se verifican condenas en beneficio de supuestos trabajadores que nunca han laborado en sus empresas y que han obtenido sentencia en materia laboral, enterándose los propietarios al momento de la supuesta ejecución, viéndose obligados los empresarios a realizar pagos inmediatos para poder evitar la sustracción de sus bienes y poder continuar sus operaciones, dijo.

Recomendaciones
1. Legislar con el propósito de establecer un procedimiento y acreditar al personal que participa en los procesos de ejecución de sentencias y demás títulos ejecutorios.

2. Establecer mecanismos que garanticen de forma efectiva que las citaciones y notificaciones lleguen a los demandados y con ello garantizar el derecho de defensa.

3. Desmantelar los grupos que se dedican a realizar demandas temerarias en materia laboral, sobre supuestos trabajadores que no han laborado en las empresas y que no les une ningún tipo de vínculos con las mismas.

4. Revisar las previsiones del Art. 539 del Cód. de Trabajo, que otorga ejecutoriedad a las sentencias en materia laboral, luego de transcurridos tres (3) días de su notificación.

5. Crear un órgano que sea responsable de las ejecuciones, que depure la existencia de un título ejecutorio, validado que dichas actuaciones se encuentren dentro de la Ley.

6. Crear un órgano especializado para practicar procedimientos de embargos, para que estos procesos sigan un protocolo que garantice la seguridad de las personas y de los bienes que sean objeto de tales medidas.

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