Aquí en la RD solemos decir que «por definición» el Estado y sus organismos no quiebran. La ciudad de Detroit, sin embargo, una de las mayores en los EE.UU., se declaró hace unos días en bancarrota.

Allá el capítulo 9 de la ley de quiebras concede protección a un municipio frente a sus acreedores, para que pueda negociar con ellos el repago, intereses, plazos y montos de las deudas, conseguir ayudas estatales o federales, u obtener nuevos financiamientos.

A diferencia de su capítulo 11, que puede terminar con la liquidación de la compañía que se acoge a él, en el capítulo 9 no hay una opción para que la ciudad deje de existir y sus habitantes se vayan para otro lugar. Busca más bien dar poder a los municipios para romper convenios onerosos con sindicatos, hacer que los acreedores asuman pérdidas, establecer impuestos, recortar servicios y modificar los beneficios sociales de sus empleados.

La quiebra de Detroit es la mayor desde que el capítulo 9 fue aprobado en 1934. El auge de la ciudad se debió a la industria del automóvil. Millones de trabajadores emigraron hacia ella y en su apogeo, al comienzo de los 1960’s, contaba con más de dos millones de habitantes. Avenidas, centros de convenciones, barrios residenciales, teatros, estadios deportivos y parques de diversiones acompañaban su prosperidad.

El declive empezó después de la crisis del petróleo de 1973-74, que hizo aumentar el precio de los combustibles y abrió las puertas a vehículos importados más pequeños y eficientes. Las tensiones raciales y la falta de empleo provocaron el éxodo de cientos de miles de personas de clase media, erosionaron la base impositiva y dejaron calles oscuras con cientos de edificios abandonados.

La ciudad ganó fama por los incendios en Halloween y ya en 1992 sus bonos fueron rebajados a la categoría de basura. Debe unos 20,000 millones de dólares, nadie le presta y no tiene cómo pagar.

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