La presidenta de la Asociación de Constructores de Proyectos de Viviendas (Acoprovi), Susy Gatón, denunció ayer la existencia de “una mafia” de abogados que se dedica a hacer demandas “en el aire” a favor de trabajadores haitianos.

Informó que ya pusieron al tanto de la situación al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, y el próximo lunes harán la denuncia formal ante el procurador general de la República.

Dijo que eso ha obligado a los constructores a poner controles de registro en las entradas de los proyectos habitacionales que construyen, que incluyen la instalación de cámaras y la estampa de firma de todo el que entra y sale, para que haya un testimonio físico al momento de presentar pruebas en la Justicia.

Afirmó que eso le está provocando una serie de inconvenientes que incluyen gastos y pérdida de tiempo cuando tienen que ir a los tribunales, pues mientras dura el proceso, a los constructores les congelan las cuentas en los bancos.

Indicó que cuando esos abogados consiguen que el constructor sea condenado, este tiene que buscar un seguro, que no es barato, para que le dé sustentación en lo que hace la apelación del caso.

“El otro día yo tuve una condena de RD$400,000 y tenía que depositar el duplo de la pena, que eran más de RD$800,000, pues tuve que procurar otro seguro que me costó RD$30,000 para asegurar que yo iba a ser responsable de esos RD$800,000”, dijo la ingeniera Gatón.

Informó que Acoprovi está procurando una solución para los trabajadores extranjeros, en los términos de lo que son riesgos laborales y de salud.

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