Otra tormenta tropical crea amenazas para la RD. Y de nuevo nos sentimos inquietos por la falta de protección de que padecemos.

No nos referimos a protección policial para prevenir saqueos, ni a medidas de evacuación, mecanismos de rescate, o a los aprestos de hospitales, sistemas de comunicaciones o brigadas de la CDEEE. Nos referimos a la protección de las propiedades con pólizas de seguro.

Gran parte del valor de los inmuebles, maquinarias, equipos y enseres con que cuenta el país están desprotegidos. Algunos sectores, como los bancos, las telefónicas y los grandes comercios e industrias, tienen una cobertura adecuada. Para ellos la contratación de seguros es parte habitual y aceptada de sus costos y prácticas administrativas. Pero en cuanto a los hogares y pequeños negocios, la situación es muy distinta.

Existe la percepción de que el costo del seguro es demasiado alto, y que es mucho pagar por algo que no se sabe cuándo o si sucederá. En términos económicos esa actitud equivale a optar por un «autoseguro», es decir, por asumir el riesgo por sí mismo. El gobierno es el primero que da ese ejemplo, pues el grueso de sus inmuebles, instalaciones y equipos no están cubiertos.

Hay ocasiones en que autoasegurarse es una decisión racional, cuando la suma ponderada de las primas a pagar excede el costo de las medidas de prevención más el valor descontado de las pérdidas probables. Pero no parece que en nuestro caso la decisión obedezca a un análisis de ese tipo.

La desprotección genera un déficit fiscal virtual, calculable, ya que el gobierno tendrá que reparar sus propios daños y asistir a los sectores afectados, a la vez que bajarán sus recaudaciones debido al descenso que sufrirá la actividad económica. Tendremos menos ingresos de divisas por los pagos de los reaseguradores, aumentará el costo en pesos de las importaciones y se desviarán importantes recursos de inversión.

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