Para este año 2017, el tema central del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.  El mundo laboral está cambiando de un modo que tendrá consecuencias significativas para las mujeres. Por un lado, los avances tecnológicos y la globalización brindan oportunidades sin precedentes a quienes tienen la posibilidad de acceder a ellos. Por otro lado, están en aumento la informalidad laboral, la desigualdad de los ingresos y las crisis humanitarias.

En este contexto, y tomando en cuenta el ámbito mundial, apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. Es más, una abrumadora mayoría de las mujeres trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asumieron este tema al considerarlo como una meta del ODS 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, por tanto, lograr la igualdad de género en el trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible.

La República Dominicana no es ajena a varios elementos de esta realidad global. En el país, más de 7.80 millones de personas tienen edad para trabajar, siendo ligeramente superior la cantidad de mujeres que de hombres al 2016. Sin embargo, persisten amplias brechas en los niveles y las condiciones de participación de hombres y mujeres en las actividades generadoras de ingreso.

A pesar de la creciente incorporación de las mujeres en el mercado laboral—y ser similares la cantidad de hombres y mujeres en edad de trabajar—apenas el 52.9% de las mujeres forman parte de la población económicamente activa, mientras la PEA masculina representa el 77.9% de dicha población.

Las mayores tasas de participación laboral se registran en las mujeres con mayores niveles educativos formales (77% y 55% para niveles secundarios y técnicos y universitarios), mayores niveles de ingresos (52.5% y 59.8% en los quintiles 4 y 5, y solo 32.9% en el quintil 1).  Esto implica que las mujeres pobres, y con menor nivel educativo presentan mayores dificultades para insertarse al mercado laboral y mayores obstáculos para compartir o delegar las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos e hijas y dependientes.

Las principales oportunidades laborales para las mujeres, en los últimos años, se han presentado en el sector privado, donde se insertan el 88.0% de los hombres y el 66.5% de las mujeres. Mientras el sector público emplea más mujeres (19.3%) que hombres (11.3%). También destaca el significativo porcentaje de mujeres (14.2%) proporción relevante y creciente de la ocupación femenina se realiza a través de los hogares para el desempeño de servicios domésticos remunerados.

Es también en el servicio doméstico donde encontramos un mayor porcentaje de mujeres migrantes.  En efecto, conforme los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2012), el total de la fuerza laboral femenina migrante de nacionalidad haitiana es de un 7.2%.

En materia de avances, se puede destacar que nuevas formas y fuentes de oportunidades se han abierto para las mujeres en los últimos años tanto en previsiones legislativas como en acciones concretas a través de políticas y proyectos llevadas a cabo desde el gobierno dominicano.

Cabe destacar las discriminaciones positivas en leyes como las de compras y contrataciones del Estado y MIPYMES; el servicio doméstico remunerado es reconocido a nivel constitucional, al consignarse en el Artículo 55; la entrada en vigencia de los Convenios 189 sobre trabajo doméstico que establece lineamientos para establecer normativas que lo regulen y sobre su incorporación a la seguridad social y a otros mecanismos de protección social, así como la afiliación de una buena parte de las trabajadoras domésticas al Servicio Nacional de Salud (SENASA); la entrada en vigencia del Convenio 183 sobre protección a la maternidad, ambos de la OIT.

Además, podemos mencionar la puesta en marcha de programas como la tanda extendida, con un impacto directo sobre el tiempo de las mujeres; los créditos otorgados a través de programas de banca solidaria, entre otros.

A pesar de los avances, todavía existen retos y desafíos. Uno de ellos se encuentra en el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de cuidados no remunerado y la regulación del trabajo de cuidados remunerados, tal y como lo acordaron las Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos Nacionales de la Mujer en la Declaración de Panamá (2017).

En la República Dominicana, como en todo el mundo, las mujeres realizan la gran mayoría del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, que incluye el cuidado de las niñas y los niños, de familiares enfermos, de integrantes de las familias que requieren condiciones especiales, de personas adultas mayores, la cocina, la limpieza y la agricultura, entre otras actividades. Este trabajo es esencial para que los hogares y las economías funcionen.

Hacia un planeta 50-50 en el 2030, avanzar hacia la construcción de un derecho al cuidado es de suma importancia para revertir las condiciones que caracterizan el nexo sistémico entre cuidados y desigualdad y que hacen que persista un falta de responsabilidad social sobre los cuidados, pero también una asociación de estos con la feminidad y la mujeres, la cual se profundiza ante la existencia de condiciones pobreza, VIH, migración, baja protección social, embarazo en adolescencia, escasa o nula participación de los hombres (corresponsabilidad), entre otras.

“El reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de cuidados no remunerado y la regulación del trabajo de cuidados remunerados es un reto pendiente para República Dominicana.”

En el caso de la República Dominicana, las prevalencias de esas características se traducen en acciones fundamentales para avanzar en la autonomía económica de las mujeres procurando su inserción en el mundo laboral y el consecuente desarrollo sostenible del país:

1) Posicionar el tema del derecho al cuidado en la agenda pública, entendiendo que es un derecho en construcción no ya que sus contenidos están por conquistarse, y porque el mismo concepto es de reciente cuño, que debe construirse sobre la base del diálogo político.

2) Promover y fomentar, tal y como lo expresa la Declaración de Panamá, la construcción de sistemas nacionales de cuidados con perspectiva de género, que incluyan medidas adecuadas de reparto y corresponsabilidad de hombres, mujeres, Estado y sector privado en el trabajo reproductivo, la participación tripartita de sindicatos, entidades públicas y privadas, para generar un marco regulatorio que permita la corresponsabilidad social en materia de cuidados, el ajuste de la jornada laboral de hombres y mujeres para facilitar la redistribución equitativa y equilibrada de las cargas del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados

3)  Ante la entrada en vigor en el país del Convenio 189 de la OIT es necesario allanar el camino para la homologación en la legislación nacional, al inaugurar trabajos preparativos que redundan en el reconocimiento de derechos laborales en el sector de cuidados remunerados; el establecimiento de mecanismos para garantizar que los derechos laborales del servicio doméstico aplican a las trabajadoras y trabajadores migrantes; y la profesionalización del sector de cuidados, vinculada al establecimiento de servicios públicos de cuidados;

4)  Seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar el establecimiento de un piso de protección social con enfoque de género, así como la afiliación a la seguridad social, en calidad de titulares, a todas las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado y que actualmente estén desprotegidas;

5) La realización de encuestas como las del uso del tiempo, son imprescindibles para el diseño de políticas públicas que respondan a las demandas de cuidados, contribuyendo a una organización social más justas y equilibrada.

Finalmente, en el marco de implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la República Dominicana, es necesario que la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel Político para el Desarrollo Sostenible, constituida por el Decreto Presidencial 26-17, cuente con una estrategia que permita el establecimiento de metas y objetivos, así como de indicadores, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Sobre la serie “Voces de desarrollo sostenible”

Esta historia forma parte de la serie especial de historias para el periódico Acento producidas por el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, para promover el debate sobre la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

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