l acceso a una vivienda digna es consagrado en el artículo 59 de la Constitución dominicana como un derecho. Su contenido establece: “(…) el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social”.

Pero el déficit de viviendas en República Dominicana, que se ubicaba en 2013 en más 910,000 unidades, según un estudio realizado por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), hace que la inversión pública para contrarrestar la problemática tenga un bajo impacto.

“El déficit cuantitativo asciende a más de 900 mil viviendas y el déficit cualitativo a más de un millón, sobre todo por el peso de servicios no disponibles (agua, electricidad, saneamiento). La sumatoria de ambos componentes arroja un déficit de más de dos millones de viviendas en todo el país”.

El dato está contenido en el boletín: Vivienda: síntesis panorámica presupuestaria 2013-2015, elaborado por Ciudad Alternativa. Jenny Torres, coordinadora del área de cambios en políticas públicas de la entidad, critica los escasos programas enfocados a contrarrestar la parte del déficit que tiene que ver con las casas que necesitan reparaciones.
Torres explica que los proyectos de construcción que están en carpeta (tantos públicos como los de fideicomisos) y que aportarían 70,000 viviendas, están orientados, en su mayoría, a nuevas residencias, por lo cual no impactan la parte del déficit que tiene que ver con reparaciones y acceso a servicios.

“Asumiendo que esas viviendas (las 70,000) vayan a entregarse a familias que son afectadas por el déficit, la falta de nuevas viviendas se ubicaría en 870 mil, menos de un 10% del déficit”, puntualiza.

Aunque aplaude los fideicomisos, la experta señala que los requisitos económicos que están asociados a poder adquirir una vivienda bajo ese esquema hacen que beneficie probablemente una persona afectada por el déficit, por ejemplo, a “gente que probablemente vive en alquiler”. “Son soluciones para clase media, media alta”.

Públicos

“Tiene que hacerse (la medición del déficit) con población censada, y entre el año 2002 y el 2010 el déficit creció a un ritmo de 21,000 viviendas cada año”, sostiene Torres.

En cuatro años (2013-2016) el Estado dominicano construyó, a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), un total de 4,396 soluciones habitacionales, con una inversión cercana a los RD$2,000 millones, de acuerdo a las estadísticas de la institución.

En 2013, año en el cual el déficit de residencias superó las 910,000 según Acoprovi, el INVI construyó 1,008 viviendas, contribuyendo a penas a una reducción de un 0.1%.

Cada una de las viviendas construidas por el Estado durante el citado período costó RD$2.2 millones, si se estima el monto global. Para las 1,008 unidades edificadas en 2013 se invirtieron RD$74.7 millones (RD$74,193.9 por casa).

Sin embargo, para las 1,100 viviendas de 2014 (92 más que en 2013) el Estado destinó RD$458.2 millones, por lo que cada unidad costó RD$416,552.3.
“Aquí (en el país) queremos hacer viviendas sociales con estándares fuera de lo que tiene que ser”. La afirmación la hace el arquitecto Raúl de Moya Español, durante la conferencia “Evolución y propuesta de transformación de la ciudad de Santo Domingo”, organizada por Acoprovi.

De Moya Español revela que para “La Nueva Barquita” hizo una propuesta para que el proyecto se desarrollara en el mismo lugar donde estaba la barriada, sin tener que desplazar a sus moradores, sino moverlos a su periferia.

“El proyecto que se generaría costaba menos de 900 mil pesos la unidad versus una inversión de más de tres millones que fue el resultado de lo que se hizo”, sostiene.

Propuestas para reducir el déficit de viviendas

La dirigente de Ciudad Alternativa indica que más de un millón del déficit de casas en el país tiene que ver con problemas de servicios. “Quiere decir, son viviendas construidas, que probablemente son vivibles, pero que hay que resolverles una condición de servicio y el resto tiene que ver con problemas de estructura”, añade.

La coordinadora del área de cambios en políticas públicas de Ciudad Alternativa expone la propuesta de la entidad para superar el déficit, la cual consiste en una Ley de Vivienda que esté orientada a los asentamientos humanos empobrecidos.

“Eso porque ha sido el sector que históricamente no ha estado protegido. Lo que ha existido en el país son programas puntuales de construcción de viviendas”, agrega.

Jenny Torres detalla que es una propuesta para desarrollar un sistema nacional de vivienda, que tenga, sobre todo, financiamiento del sector público y que se dedique un mínimo de un 1% del PIB anual, durante 10 años, para engrosar el Fondo Nacional de Vivienda, el cual sería administrado por una Dirección General de Vivienda, asegurando que el mismo impactaría en un 60-70% el déficit.
“Ese sistema vendría a eliminar la dispersión que hay en el país. Tenemos el problema de que el Estado invierte muy poco, menos del 0.04% del PIB, pero además, tenemos al menos siete instituciones que ejecutan ese dinero. Lo que le llega a la población es muy poco”, critica.

Los proyectos habitacionales que se programaron en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016 apenas cubrían el 2.1% del déficit cuantitativo y alrededor del 9.6% de las carencias en viviendas estimadas por el Ministerio de Economía, concluye el boletín de Ciudad Alternativa.

Dispersión del presupuesto

En los presupuestos formulados para los años 2013 y 2014, al menos a siete instituciones más (aparte del INVI) se les asignaron fondos para construcción o reparación de viviendas: Ministerio de Obras Públicas, Consejo Interinstitucional para Coordinación Viviendas, Instituto de Auxilios y Viviendas, Ministerio de la Presidencia, Gabinete de Políticas Sociales, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y Ministerio de Medio Ambiente, según establece el boletín: Vivienda: sintesís panorámica presupuestaria 2013-2015, elaborado por Ciudad Alternativa.

Para 2017, el Gobierno dispuso la entrega solo del 0.07% del presupueto al INVI.

Domingo Savio y La Nueva Barquita

En el Gran Santo Domingo la gestión de Danilo Medina desarrolló La Nueva Barquita, proyecto que benefició a 1,787 familias, y anunció recientemente el “Nuevo Domingo Savio”, que contempla la reubicación de 1,300 viviendas.

Para este último proyecto, el Estado contempla una inversión aproximada de US$150 millones, mientras que en La Nueva Barquita se invirtieron RD$4,000 millones, según reportes de prensa.

La coordinadora del área de cambios en políticas públicas de Ciudad Alternativa, Jenny Torres, resalta que Domingo Savio es uno de los barrios con más población del Distrito Nacional, con cerca de 45 mil personas, viviendo más del 60% de éstas en condición de pobreza y el 80% de las viviendas con déficit habitacional.

El arquitecto Raúl de Moya Español entiende que el sector estatal debe poner el dedo en la “llaga de la marginalidad” y no estar en competencia con el sector privado.

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