La política migratoria ha unificado a los líderes políticos con un discurso consensuado de respeto a la soberanía

Las críticas generalizadas en la plataforma internacional contra la política migratoria del país han generado una actitud de defensa que ha asumido el Gobierno y que ha encontrado un fuerte respaldo en todos los partidos políticos, sus líderes y hasta en el sector privado.

El Estado puso en marcha el año pasado una reforma migratoria que tiene su origen en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual sienta las bases para reconocer la nacionalidad dominicana. Desde ese entonces, los ataques hacia el país en la comunidad internacional han prosperado con mayor o menor intensidad dependiendo del momento.

Ahora, el cierre del Plan Nacional de Regularización, el pasado 17 de junio, reactivó el debate. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, Human Right Watch y la Comunidad del Caribe -Caricom- han preparado sus cañones. Estos organismos han vaticinado una crisis humanitaria, aun cuando el Gobierno dominicano no ha iniciado las automáticas deportaciones de indocumentados que se desprenden de cualquier política migratoria de un país soberano.

Las declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, describe de manera fiel lo que ahora ocurre en torno a este tema, donde todos los actores políticos, opositores o no, han coincidido: “Este no es un problema del Gobierno, este es un grave problema de todos los dominicanos y dominicanas y por lo tanto tenemos que apoyar las decisiones de nuestras autoridades sin importar simpatías políticas”, dijo Vargas Maldonado el pasado domingo.

El Gobierno puso en marcha desde el mes pasado una agenda para dar a conocer los alcances del Plan de Regularización y defender la soberanía dominicana, que incluye la ponencia de Danilo Medina en la XLV Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y una serie de viajes y reuniones del canciller dominicano, Andrés Navarro con su cuerpo diplomático.

Actores políticos

Esa agenda de Gobierno ha encontrado respaldo. El expresidente Leonel Fernández desbarató los “mitos y falacias” que han servido de alimento para formar esa campaña de descrédito contra el país. En un artículo publicado en Listín Diario el pasado 29 de junio, Fernández concluía lo siguiente: “No es cierto que como resultado de la aplicación del referido Plan, haya habido un despojo masivo de la nacionalidad dominicana; que haya ciudadanos apátridas en nuestro territorio; que haya habido prácticas racistas y discriminatorias; una limpieza étnica o un genocidio civil; o, que hayamos instalado un sistema de apartheid o de estímulo a la negrofobia”.

El exmandatario Hipólito Mejía también se refirió a este tema y el mismo día que Fernández. Para Mejía el Gobierno ha asumido una actitud correcta en la defensa de la soberanía nacional y los derechos del Estado al reorganizar su política migratoria, que históricamente ha estado marcada por un desorden en la frontera dominico-haitiana.

Quien ahora puede considerarse como la principal figura opositora del partido de Gobierno es el candidato por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, que ha manifestado abiertamente su rechazo a la campaña de descrédito contra el Estado dominicano. “La Ley de Naturalización -otra consecuencia de aquel fallo- fue acordada por todos los sectores representativos del país y estamos respetando los derechos humanos de los extranjeros que han sido beneficiados con el Plan de Regularización” indicó Abinader el pasado domingo.

La Fuerza Nacional Progresista (FNP) ha sido la organización política abanderada sobre el tema migratorio, al punto de que hoy, después de 22 años de alianza con el partido de gobierno, se promueve como una “alternativa” y promete la transformación de la política migratoria con un sistema de vigilancia con un muro en la frontera. Este partido ha mantenido la actitud más radical en relación al control migratorio hacia los haitianos.

El líder del partido Alianza País (AlPaís) es otra figura opositora que también ha reconocido las políticas migratorias puestas en marcha desde el año pasado. “El Estado tiene el derecho y la obligación de regularizar el estatus de todos los extranjeros, y es correcto que se haya emprendido un Plan de Regularización”, precisó Guillermo Moreno la semana pasada.

El candidato a la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano, Federico (Quique) Antún Batlle, el día antes de finalizar el Plan de Regularización hizo un llamado a la “unidad nacional” para asumir acciones con miras a que prevalezca la soberanía nacional.

Ese llamado de Antún, aunque no responde a su petición, se ha dado de manera natural.

Otras organizaciones también se sumaron

Otras entidades que igualmente han respaldado la política migratoria nacional representan al empresariado dominicano. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) han manifestado su apoyo, sobre todo, a la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Además, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas –Acoprovi- dos entidades que representan los sectores más dependientes de la mano de obra haitiana, se han manifestado en este contexto y han asegurado que sus asociados propiciaron las facilidades para documentar a sus empleados extranjeros. A esto también se le suma el Centro Bonó cuando calificó como una “oportunidad histórica”, el Plan Nacional de Regularización.

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