Los recientes casos de empleados públicos que tuvieron que ser repuestos en sus cargos porque formaban parte de la carrera administrativa hacen pensar en lo que implicaría para el país que esa condición se extendiese.

Hasta ahora sólo una minoría de empleados públicos está incorporada a la carrera administrativa. Si ese porcentaje llegase a ser mayoritario, es probable que la calidad de la gestión estatal y la propia vida política nacional fuesen transformadas.

Con una base de recursos humanos dotada de continuidad, la calidad, orientación y eficiencia de los servicios públicos podrían mejorar significativamente. Se reduciría de forma considerable la tentación de incurrir en prácticas indebidas al final de un período de gobierno, y simultáneamente se elevaría el incentivo para cumplir adecuadamente las labores asignadas, así como la capacidad de resistir instrucciones irregulares de parte de superiores.

En términos políticos, disminuiría el hábito de apoyar candidaturas para conseguir empleos, ya que el número de puestos disponibles bajaría a medida que se redujera la discrecionalidad en los nombramientos.

Eso creemos, basados en la experiencia de países como Japón, Inglaterra, Chile y Canadá, pero estamos conscientes de que hay riesgos envueltos en el proceso. El riesgo más evidente es que el ingreso a la carrera cayese en favoritismos políticos o personales. En ese caso la expansión de la carrera aumentaría la ineficiencia estatal, en lugar de reducirla.

Otro riesgo sería que estimulara el crecimiento de la nómina estatal, si los gobernantes, ante la dificultad de remover a los empleados existentes decidieran nombrar otros adicionales.

Y puede tener algo de ingenuo, si admitimos que las más graves prácticas indebidas son atribuibles a funcionarios de más alta jerarquía, los cuales permanecerán dentro del ámbito de las designaciones a opción de la administración.

POR GUSTAVO VOLMAR

Publicado en diariolibre.com