Las empresas privadas normalmente desean llevarse bien con los gobiernos. Por más institucionalizado que esté un país, siempre es útil contar con amigos en los organismos públicos, que ayuden a conseguir permisos o contratos y sean receptivos a los planteamientos de problemas. O, cuando menos, que no molesten mucho con fiscalizaciones y regulaciones.

Hay muchos medios, directos e indirectos, para lograr esa buena relación, desde los más flagrantes, como sobornos y comisiones, hasta otros más sutiles, como obsequios, viajes y, como podría estar ocurriendo ahora en China, empleos para personas vinculadas a los funcionarios.

Se les ha denominado empleos principescos, pues son concedidos a hijos de altos funcionarios a nivel municipal, regional y nacional. Conllevan buenas remuneraciones y beneficios colaterales, involucran posiciones con títulos atractivos, puede ser que no exijan mucho de parte del empleado, y con frecuencia están ubicados en las áreas de relaciones públicas, ventas, publicidad, proyectos y asuntos jurídicos.

La comisión de valores de los EE.UU. reveló que ha iniciado una investigación respecto de las contrataciones de hijos de funcionarios chinos llevadas a cabo por el banco JPMorgan-Chase.

Lo que se investiga no son las contrataciones por sí mismas, sino su propósito, en cuanto a si fueron hechas con el fin de obtener negocios de suscripción y manejo de emisiones u otros contratos, lo que puede ser calificado como soborno.

Otros bancos, como Goldman-Sachs, Banco de América y Citigroup también tienen familiares de funcionarios en sus nóminas y podrían eventualmente ser investigados también.

Por la duración de los funcionarios en sus cargos y la mayor discrecionalidad de sus decisiones, China es un país propicio para hacer esas contrataciones, que desde el punto de vista de la empresa, pueden verse como activos intangibles que incrementan su flujo de ingresos.

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