Años atrás aquí y en otros países se implementaron mecanismos de encaje legal «selectivo». Perseguían hacer que los bancos prestaran más a los sectores «reproductivos», entre ellos la industria, la agropecuaria, las exportaciones y la construcción, y que prestaran menos para el comercio, especialmente a los importadores. Se quería promover la producción y el empleo, y mejorar la balanza cambiaria del país.

Con ese fin se fijaron encajes legales teóricos del 100%, lo que significaba que en principio los bancos tenían que depositar en el Banco Central la totalidad de los depósitos que recibieran del público. El mecanismo contemplaba que ese encaje teórico se liberase en función de los préstamos que los bancos hicieran. Los sectores de la economía fueron ordenados según su prioridad y cada uno de ellos tenía asignado un porcentaje del total de la cartera de los bancos, al cual se sumaban los porcentajes que el banco dejara de prestar a sectores menos prioritarios.

Esos encajes selectivos fueron después eliminados y se les consideró anacrónicos. La preocupación pasó a ser la solvencia y la viabilidad financiera de los bancos, su exposición a riesgos y posibles pérdidas, y su capacidad de absorber esos peligros con su propio capital, no a expensas de los depositantes.

En la República Dominicana hemos vuelto a mecanismos selectivos de encaje, tanto en ocasiones anteriores como ahora con la liberación de 20,000 millones de pesos del encaje de los bancos, siempre que presten ese dinero de acuerdo a porcentajes asignados para cada sector, un 30% a la vivienda, 25% a la industria y así sucesivamente.

La medida indica tres cosas respecto del Banco Central. Una es que estima que puede garantizar la estabilidad cambiaria y de precios. Otra es que considera que los bancos están en buena situación financiera. Y la tercera es que está dispuesto a dirigir más directamente el crédito a fin de promover el crecimiento económico.

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