La tasa fija de interés garantiza la estabilidad de la economía de los hogares.

La creatividad de los sectores que se dedican al alquiler de viviendas, que va desde ofrecer diferentes alternativas de pago del depósito inicial por el uso de la propiedad, hasta las formas de presentar garantes y documentos que avalen solvencia, está a punto de llevar a la quiebra ese negocio.

Al menos están en juego los arrendamientos que exigen un pago adicional al depósito legal, o comisión para el corredor o persona que muestra la casa del arrendatario, si lo hace con dinero en efectivo; dos pagos adicionales si es con tarjeta de crédito y tres pagos si es con cheque.

Los que de seguro están a punto de desaparecer son los alquileres en los que se establece que si el garante es un establecimiento comercial se le reduce un 10% mensual al costo del alquiler; si es un particular (persona física) se le suma un 10%, y solo si es un familiar mantiene su costo real.

Con la realidad que golpea a las clases más desposeídas, de hacerse prácticamente imposible conseguir un fiador comercial y mucho menos un amigo que se comprometa a pagar los cobros compulsivos que podrían venir en caso de que falle el inquilino, se hace cuesta arriba que pueda aprovechar tales descuentos. Más bien, se encarecen los costos.

Ante estas reglas de juego “para garantizar la honra de los compromisos asumidos”,  se entiende que no hay regulación que determine escalas de precios ni fiscalización de lo que está sucediendo en ese ámbito.

Economía
La gente generalmente se niega a aceptar estas condiciones inusuales o que se han puesto de moda en los últimos años, y busca otras opciones hasta que aparecen los abogados conscientes apegados a la jurisprudencia inmobiliaria y que no tienen necesidad de estafar a nadie.

No tiene claro que en estos momentos el pago del alquiler de una casa o apartamento es prácticamente igual o menor a la que pagaría por un financiamiento a 15, 20 o 30 años de algo equitativo, con la ventaja de que cuando pasen los años ya no tendrían temor de “quedar en la calle”.

Es que este es el mejor momento para adquirir una vivienda porque el Gobierno dominicano ha creado las condiciones para ello, logrando que se cumpla el acuerdo firmado en el 2010 con el sector bancario de mantener a partir de 2011 una tasa fija de 8% de interés en préstamos hipotecarios.

La Ley 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, además facilita un bono de RD$100,000 a los primeros adquirientes de viviendas económicas, que no sobrepasen RD$2.4 millones más otros RD$100,000 que aporta como plan social para impulsar la compra de viviendas del mayor número de personas.

La mayor facilidad es que ED$200,000 que aporta el Gobierno son descontados del pago inicial obligatorio para financiar una propiedad, lo que significa que se reduce enormemente esta cuota obligada en todo proyecto inmobiliario y ayuda a los interesados a convertirse en sujetos de crédito.

Clase media alta
La clase media-alta también puede aprovechar la concesión de tasa fija de interés por préstamos hipotecarios y otras facilidades de crédito porque se está creando la cultura de adquisición de vivienda desde que los jóvenes se casan y están dadas las condiciones financieras y las ofertas muy multidinámicas.

En entrevista concedida a Listín Diario, el ingeniero Juan Antonio Bisonó  consideró que la Ley del Fideicomiso viene a poner fin al tormento que representa para algunas personas comprar una casa, porque facilita las cosas, por lo que recomienda hacer uso de sus derechos de “vivir bien”, acorde a sus presupuestos y ventajosas ofertas.

UN DATO
LEY 189-11
Sistema fideicomiso A partir de la vigencia de esta ley los adquirientes de primera vivienda en proyectos de bajo costo promovidas a través de un fideicomiso, calificados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y reconocidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pueden optar por un bono o compensación otorgado por el Estado, correspondiente a las exenciones del ITBI relacionadas al costo de construcción de las viviendas. Este cálculo representa aproximadamente un 10% del precio de la vivienda. La ley también establece incentivos para los promotores de viviendas, facilitando los permisos y aprobaciones al crear la ventanilla única, además de otorgarles incentivos fiscales para abaratar los costos de la cosntrucción.

Fuente