Aunque República Dominicana cuenta con una ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso (189-11) que ofrece incentivos para la construcción de viviendas económicas, la materialización de esos tipos de proyectos resulta muy difícil en las zonas urbanas, donde los terrenos tienen costos muy elevados.

Actualmente, los constructores y la ley 189-11 llaman viviendas económicas a aquellas que tienen precios de RD$2 millones hacia abajo.

Mientras que los constructores dicen que con los precios actuales de los materiales de construcción, dependiendo en el lugar donde se construya, una vivienda económica puede adquirirse con RD$1.5 millones, lo que refleja que estas opciones habitacionales no serían asequibles para el 78% de la población trabajadora que devenga salarios por debajo de los RD$15,000.

“Lo primero es que los terrenos urbanos, siempre, son costosos y entonces para desarrollar viviendas económicas hay que irse a terrenos menos costosos, y entonces para eso debe existir una política propiciada por el Estado para que sea factible”, indicó el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Fermín Acosta.

Consideró que esto se debe a que en las afueras de las zonas urbanas, que es donde hay vocación para desarrollar viviendas económicas se puede conseguir terrenos con en el sector privado a precios económicos, pero si esos terrenos no tienen infraestructuras públicas y el constructor tiene que hacerlas, entonces se les agregan más costos.

El dirigente dijo que es por eso que debe haber una política de ordenamiento territorial propiciada por el Estado, para que se procure que esos terrenos tengan vocación para el desarrollo de viviendas económicas.

El empresario precisó que las infraestructuras deben contener esos terrenos son calles adecuadas, servicios de aguas potable y negra, electricidad, entre otros.

Acosta, quien participó en el Desayuno Económico de elCaribe, explicó que cuando los constructores se proponen desarrollar un proyecto con vocación de viviendas económicas, luego no pueden ser tan económicas como la población puede asumirlas, porque cargan con el compromiso de tener que hacerles esas infraestructuras.

“De hecho, la Ley 125-01 sobre Electricidad, tiene un acápite que se llama aportes reembolsables. Nosotros logramos que en el reglamento de la vivienda económica de la Ley 189-11 se insertara que las distribuidoras de electricidad deben cumplir con el mandato de reembolsar a los inversionistas los aportes que hacen para la infraestructura eléctrica, que son los postes para el tendido eléctrico, los cables de alta tensión, los transformadores y todo eso que hay que hacer”, señaló.

Indicó que todas esas infraestructuras pasan a ser propiedad de las Edes, por lo que deben pagarlas.

Manifestó que si a los constructores les reembolsan ese dinero, como la ley manda, las viviendas pueden llegar más económicas para los dominicanos.

Acosta, quien vino a este medio acompañado de Héctor Bretón y Lena Ciccone, primer vicepresidente y primera vocal de Acoprovi, respectivamente, informó que las Edes adeudan miles millones de pesos a los inversionistas que desarrollan proyectos privados en los que tienen que crear las infraestructuras eléctricas.

Precisó que esas infraestructuras eléctricas ellos las utilizan para vender el servicio a los adquirientes de los proyectos.

Agua
Respecto al agua potable, Acosta entiende que también se debe reembolsar a los constructores los gastos por concepto de las infraestructuras que se instalan para que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) pueda ofrecer sus servicios.

Acosta manifestó que el director de la CAASD, Freddy Pérez, había expresado que estaba de acuerdo con esta posición, luego de escuchar los argumentos de que los constructores, cuando van a desarrollar un proyecto habitacional, tienen que hacer un tanque de agua, o instalar las tuberías, además de una planta de tratamiento de aguas servidas.

En ese sentido, se mostró esperanzado de que se les pueda dar continuidad a estas intenciones luego del 16 de agosto.

POR AMILCAR NIVAR

Publicado en elcaribe.com.do