Danilo Betances compró un apartamento en uno de los condominios construidos en la avenida Independencia, pensando en alquilarlo “para tener una entrada adicional” a su salario, pero lo que creía sería una ayuda para su economía se convirtió en “un gran dolor de cabeza”, debido a que el inquilino dejó de pagar la renta a los cuatro meses.

Un año y medio después Danilo se encuentra en un conflicto legal, porque trata de recuperar su inmueble, pero el inquilino rechaza salir alegando insuficiencia económica para cumplir con el pago mensual.

Además del conflicto legal, que incluye inversión de dinero, a Betances le preocupa el deterioro que presenta el inmueble.

Afecta inversión
Muchos propietarios de casas y apartamentos de todo el país se ven obligados a llevar ante la Justicia a los inquilinos morosos, en especial en las grandes ciudades, explicó el abogado Pablo Pérez Medrano, representante legal de Betances.

Argumenta que los inquilinos se amparan en el decreto 4807 sobre Control de Alquileres y Desahucio, emitido por Rafael Leonidas Trujillo en 1959, que lo prohíbe por persecución del propietario, a menos que se haya ordenado la resiliación del por falta de pago o se utilice el inmueble para otro fin.

“La ley tiene unas ventajas dadas al inquilino, mientras que al propietario casi no le deja ninguna”, explicó Pérez Medrano. Dijo que los propietarios deben incurrir en grandes inversiones de dinero para recuperar sus apartamentos, ya que además del pago de los servicios de los abogados, deben reparar los daños.

Normativa legal
El jurista considera que para eliminar los conflictos entre propietarios e inquilinos es necesario crear una ley que imponga la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos de alquiler y que incentive la inversión privada en el área inmobiliaria.

Pérez Medrano afirma que una nueva ley de inquilinato y la derogación del decreto 4807 beneficiaría la seguridad jurídica en el país y también evitaría que las diferencias lleguen a las agresiones físicas como ha ocurrido.