Al final del anteproyecto de reforma tributaria presentado anteayer por el gobierno, casi desapercibido, se modifica el impuesto sobre los activos de las empresas de único dueño establecido por el artículo 401 del Código Tributario, reduciéndolo del 1% actual al 0.5% en el 2015 y eliminándolo a partir del 2016, «en la medida que permita alcanzar y mantener la meta de presión tributaria al 2015».

En el anteproyecto se establece además un impuesto anual de «operación» de doce mil pesos a los negocios de venta al por menor de mercancías y servicios, el cual dejaría de aplicarse si el negocio se acoge al «régimen ordinario de tributación».

La intención de ambas disposiciones, evidentemente, es promover que los negocios informales regularicen su situación y asuman la parte de la carga tributaria que les corresponde. Es un objetivo encomiable, pues la informalidad tiene graves consecuencias sobre la presión fiscal.

Dado que las actividades económicas informales representan un alto porcentaje del PIB y del empleo, su existencia implica que la presión real que soporta el sector formal es mayor que la calculada en base a dividir el total de las recaudaciones entre el total del PIB. Es algo parecido a lo que sucede con la electricidad, donde los usuarios que la pagan son penalizados por el 40% que la sustraen.

Lógicamente, aún los negocios informales pagan impuestos indirectos, como el ITBIS de una parte de los bienes que compran. Lo que no pagan son los demás.

Un incentivo adicional para que dejen de ser informales radica en las facilidades de crédito y apoyo técnico que el gobierno está ofreciendo a las pequeñas y medianas empresas, los cuales deben complementarse con la regularización de los títulos de propiedad.

La formalización no es, sin embargo, un objetivo fácil de alcanzar, pues implica costos administrativos y laborales para los negocios, además de los impuestos.

POR GUSTAVO VOLMAR

Publicado en diariolibre.com