La decisión gubernamental de buscar algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha creado inquietudes respecto de las consecuencias que eso pudiera tener sobre los programas sociales del Estado. Se presume, implícitamente, que el FMI no es proclive a este tipo de programas y que en el marco de un acuerdo el país tendría que recortarlos.

En otra columna comentamos acerca de la nueva actitud que existe en las políticas del Fondo y lo que ella significa. Aunque ha habido cambios en cuanto a situaciones de recesión, más propias de naciones avanzadas, expresamos que el enfoque respecto del subdesarrollo sigue siendo esencialmente el mismo.

¿Quiere eso decir que los programas sociales correrían peligro por causa de un acuerdo?

Para responder esa pregunta hay que definir el ámbito de esos programas. La solidaridad social es parte de ellos, lógicamente. También los gastos en educación, salud, pensiones y viviendas.

Otros gastos, sin embargo, entran en una categoría más dudosa. ¿Son parte de dichos programas los empleos creados por una nómina excedente de servidores públicos? ¿O el subsidio a los combustibles? ¿O no cobrar el consumo de electricidad? ¿O las transferencias de ingresos implícitas en las obras públicas? ¿O los pagos de sustentación a productores agrícolas?

Si decimos que todos esos, y otros, renglones son parte de la misión de Estado de disminuir la «deuda social», combatir la pobreza y reducir las desigualdades económicas, entonces habría que aceptar que probablemente habrá un impacto sobre los gastos sociales. Pero, ¿son ellos un medio racional y eficiente de alcanzar los objetivos gubernamentales?

En todo caso, aunque lo fuesen, lo importante es determinar si los recortes serían realmente atribuibles a un acuerdo con el FMI, o si serían el resultado de situaciones internas del país cuya existencia es independiente de lo que el gobierno decida pactar con ese organismo.

POR GUSTAVO VOLMAR

Publicado en diariolibre.com