El enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania ha agravado, aún más, la delicada situación que atraviesa la logística internacional desde hace dos años, lo que impacta en diversos sectores económicos, entre ellos, la construcción. Prueba de esto, es el significativo aumento de un 28.3% en el valor del metro cuadrado de construcción, según el índice de costos directos de la construcción de viviendas (ICDV), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Como lo demuestra el estudio, esta situación ha incrementado en -cerca del 60% y 40% respectivamente- el precio de materiales de construcción esenciales como el acero y el cemento, es importante considerar que en los próximos meses el ICDV podría estar llegando a un aumento de cerca del 40%, cuando entren en vigencia los incrementos anunciados en dichos materiales y el recién aprobado incremento en las tarifas de salario mínimo del sector construcción. Frente a este escenario, localmente, es vital la sinergia pública-privada, con miras a proteger el derecho de más dominicanos: el de acceder a una vivienda digna.

Ante esto, como sector, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) y la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), proponemos estudiar -en conjunto con las autoridades-, la viabilidad de las siguientes propuestas para preservar el dinamismo de uno de los sectores más relevantes de la economía dominicana.

• Entendemos prudente, y con la más alta urgencia, la revisión del cálculo actual de aranceles e ITBIS de la materia prima y productos terminados de la construcción, tomando como parámetro el precio del flete pre-pandemia. Y es que, el costo del transporte internacional ha aumentado de manera excesiva, lo que incide en la actualidad en el precio de los materiales, y en el precio de la vivienda.

• A modo de motivar la libre competencia en el sector construcción, así como también contribuir a bajar el precio de los materiales de construcción, proponemos evaluar en conjunto con la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Sobre Medidas de Salvaguardias (CDC), la necesidad de eliminar las medidas antidumping vigentes, de manera transitoria por un periodo de 6 meses, lo que permitiría la entrada de dichos productos con el arancel establecido para el mismo, sin ninguna penalidad o costo adicional, con miras a
fomentar el abaratamiento de los precios en el mercado.

• En el caso de medidas de carácter monetario y financiero, proponemos crear las condiciones para promover el acceso a facilidades de financiamiento con préstamos interinos para los promotores de proyectos inmobiliarios. En paralelo, préstamos hipotecarios, a baja tasa de interés para los adquirentes de viviendas nuevas. Estas facilidades en conjunto contribuirán con el desarrollo de nuevos proyectos, permitiendo que más dominicanos tengan acceso a este derecho.

• Como práctica comercial, proponemos que se evalúe la posibilidad de realizar licitaciones públicas abiertas de carácter nacional e internacional por parte del Estado, con la intención de abrir la brecha para la compra de ciertos productos de construcción necesarios para el desarrollo de proyectos del sector público.

• Y finalmente, de carácter transitorio, por un periodo de un año, bajar el impuesto de transferencia a los adquirentes de viviendas nuevas del 3% al 2%. Consideramos que llevando a cabo estas medidas lograremos vencer los actuales desafíos. Hoy más que nunca, es vital
proteger el sector de la construcción, que aporta cerca del 15% del PIB y más de 400,000 empleos directos, para continuar dinamizando el ritmo económico y social de la República Dominicana con miras a alcanzar los objetivos del planteados de cara al 2022.