Los proyectos habitacionales basados en la ley de mercado hipotecario parecen estar finalmente a la vuelta de la esquina.

Un importante objetivo de esa ley es ampliar el universo potencial de adquirientes de viviendas. El financiamiento hipotecario tradicional, enmarcado por las regulaciones bancarias, está limitado a los sectores sociales que cuentan con las necesarias condiciones de calificación.

Ahora, gracias a los incentivos que la ley contempla, se crea la oportunidad de que otros sectores puedan también tener acceso a una vivienda.

Pero ése no es el único objetivo de la ley. Persigue además crear nuevos instrumentos de inversión.

El mercado financiero dominicano es restringido. Al no tener un mercado de acciones y al ser escasas las emisiones de valores corporativos, los inversionistas tienen pocas alternativas para colocar sus recursos fuera de los depósitos bancarios o certificados del Banco Central.

La creación de los fondos de inversión y la titularización de las hipotecas que se deriven de los proyectos, suplirán opciones adicionales para los inversionistas, incluyendo los fondos de pensiones.

En cuanto a estos últimos, es importante señalar que su participación como inversionistas no es obligatoria. Corresponderá a cada administradora de dichos fondos decidir si invertir o no.

Se les abre la posibilidad de hacerlo, dentro de los límites establecidos, pero no se les conmina a invertir.

Dichos nuevos instrumentos de inversión estarán protegidos por seguros que cubrirán los riesgos físicos asociados a la vivienda en sí, pero también deberían estarlo respecto del riesgo crediticio a fin de facilitar su adquisición.

Convendría, por otra parte, que los nuevos proyectos de viviendas obedezcan a esquemas urbanísticos más racionales que los exhibidos por muchos otros desarrollos anteriores, en cuanto a ubicación, conectividad, transporte, drenaje y servicios.

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