Es paradójico que en la discusión de la reforma tributaria tanto los que se oponen a ella como los que la defienden hacen referencia al crecimiento económico. El sector privado señala que los mayores gravámenes provocarán que haya menos inversiones y empleos, lo que disminuirá el crecimiento del PIB. Y el gobierno por su lado indica que va a reducir sus gastos y que con la reforma busca que el efecto de ese descenso sobre la actividad económica sea menos drástico. ¿Quién tiene la razón?

Bueno, resulta ser que ambos la tienen. Al transferir fondos al Estado vía impuestos, los consumidores tendrán que reducir sus gastos y las empresas tendrán menos recursos para invertir, contratar trabajadores y pagar dividendos. Pero aún con la reforma, el gobierno tendrá que recortar gastos corrientes y de capital, a fin de llegar a la meta de déficit fiscal que se ha planteado para el año próximo. Y como habrá menores gastos e inversiones, privados y públicos, el crecimiento económico tenderá a bajar.

La explicación está en los préstamos. En los últimos años el gobierno estuvo vendiendo bonos y recibiendo fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras fuentes, con lo que pudo gastar más. Pero ese caudal ahora será mucho menor y al mismo tiempo deberá pagar más intereses, parte de los cuales saldrán del país pues irán a acreedores en el exterior. Lo que le queda para gastar será, por lo tanto, también menor.

El gobierno se resarcirá en parte quitándole fondos a empresas y consumidores, pero éstos entonces tendrán que bajar sus propios gastos.

En ese sentido, el proceso de reducción del déficit fiscal, incluyendo la austeridad y la reforma tributaria, puede verse como un ejercicio de asignación, donde lo que se distribuye entre el sector público y el privado es el monto en que el total de gastos en la economía tiene que bajar. Como quiera que sea el reparto, el crecimiento económico tenderá a disminuir.

POR GUSTAVO VOLMAR

Publicado en diariolibre.com