La aprobación en segunda lectura el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo de la República Dominicana constituye un escalón fundamental para que los dominicanos puedan contar con un marco legal útil para implementar un nuevo modelo de planificación que tome en cuenta el lugar como catalizador del desarrollo, sostiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

La iniciativa de ley, aprobada por los diputados en la sesión del pasado martes, pasa ahora al Senado para completar su aprobación y posterior remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación, recuerda el MEPyD, a través de su Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, a cargo del ingeniero Franklin Labour.

Al enterarse de la aprobación del proyecto de ley en la Cámara Baja, la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA) felicitó a la República Dominicana por su avance en materia territorial y a la vez expresó su compromiso con el avance del ordenamiento territorial de toda la región por considerar que ello contribuye al desarrollo con mayor inclusión social, informó la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.

La propuesta establece el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso del suelo, instituido en el contexto de esta pieza legal como el derecho que se le otorga a una persona para utilizar el recurso suelo, respetando sus características y potencialidades, no sólo con una función socioeconómica sino también en el marco de una política de conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.

Cuando se apruebe definitivamente esta Ley Orgánica significará un aporte hacia la construcción de un Estado más inclusivo,  donde la participación de todos los sectores sea un eje cardinal en la definición de una nueva generación de políticas públicas, avanzando hacia la cohesión territorial, la reducción de la pobreza y la diversificación de las oportunidades, con el fin de mejorar sustancialmente los niveles de habitabilidad de toda la población, explica el ministerio que dirige el ingeniero Temístocles Montás.

El avance hacia la aprobación definitiva de esta importante pieza legislativa por el interés puesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez,  el diputado  Radhamés González, proponente, quien junto a la Comisión de Asuntos Municipales y la DGODT, coordinaron las diferentes comisiones inter-institucionales que han trabajado esta importante pieza legislativa.

Un aporte importante corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, responsable de la inserción de la variable medio ambiental así como las valoraciones impulsadas en la Mesa Técnica Inter-Institucional de trabajo conformada por 28 instituciones públicas para la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.

Agrega que este proceso de articulación fortalece la institucionalidad y al mismo tiempo define herramientas legales para continuar impulsando la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el conjunto de metas presidenciales definidas por el presidente Danilo Medina, garantizando así que las iniciativas de desarrollo implementadas en su primer periodo gubernamental sean consolidadas en el próximo cuatrienio.

La nueva ley tendrá como soporte para su implementación una serie de instrumentos y herramientas ajustados a las realidades de sus territorios, tales como la Guía Metodológica para la Formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (Guía PMOT), el Borrador del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), la creación del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGN-JJHM), entre otros.

Estos instrumentos fueron generados por la DGODT y su equipo técnico, encabezada por su director general, Franklin Labour, en procura impulsar un nuevo modelo de desarrollo que tome en cuenta las limitaciones y potencialidades de los territorios, las capacidades de sus instituciones y las expectativas expresadas por la población, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a través de una mayor eficiencia en la redistribución de las riquezas, lo que se garantiza con este anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.

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