Sólo los pensionados se salvaron de los recortes, y eso porque el presidente quiso cumplir aunque fuese una sola de sus promesas electorales.

Ayer el gobierno español anunció aumentos de impuestos y reducciones de gastos públicos para enfrentar su déficit fiscal. Subirá el impuesto al valor agregado del 18% al 21% en su tramo superior, y del 8% al 10% en su nivel medio, que en la campaña había prometido no tocar. Además, eliminará por este año el doble sueldo navideño de los funcionarios públicos y recortará sus vacaciones, reducirá los pagos por desempleo, disminuirá el número de concejales de los ayuntamientos, privatizará puertos, aeropuertos y ferrocarriles, aumentará los gravámenes a la energía y anulará exenciones al impuesto sobre la propiedad.

Las medidas son consecuencia de los requisitos establecidos anteayer por la Unión Europea para dar ayuda a los bancos españoles y conceder un año más (hasta el 2014) para que el déficit fiscal baje al 3% del PIB. La UE requirió pasar del Ministerio de Economía al Banco de España la facultad de aplicar sanciones a los bancos, más reformas a la administración de las cajas de ahorros y mecanismos de liquidaciones de bancos. Aunque nominalmente el Banco de España tendrá más atribuciones, en realidad será sometido a un control más estricto por parte del Banco Central Europeo.

Con una tasa de desempleo del 24.4%, los economistas keynesianos consideran que las medidas son contraproducentes, que agravarán la recesión y reducirán la capacidad de empresas y familias para pagar impuestos. También hay inquietud respecto de una mayor dependencia de los gravámenes indirectos, como el IVA, usualmente considerados menos progresivos que los directos sobre ingresos.

La ayuda externa no es gratuita. Los países que por sus derroches se ven forzados a clamar por ella deben saber que tendrán que aceptar las condiciones que se les impongan.

POR GUSTAVO VOLMAR

Publicado en el Diario Libre