En asuntos económicos, las soluciones no son buenas para todos. Siempre hay quienes se hubieran beneficiado más, o perjudicado menos, si los problemas se hubieran resuelto de otro modo.

La primera propuesta para enfrentar la insolvencia de los dos bancos más grandes de Chipre involucraba un impuesto especial, no recurrente, del 6.75% sobre los depósitos de hasta 100,000 euros y del 9.9% sobre los que excedieran ese monto. Ambos bancos iban a seguir operando, por lo que técnicamente el seguro de depósitos y su límite de 100,000 euros no eran aplicables. Y como se trataba de un impuesto, no de un recurso al seguro, la protección a los depósitos de menos de 100,000 euros no sería vulnerada.

Aunque los bancos serían reorganizados y probablemente reducidos de tamaño, al menos continuaban existiendo y sus empleados tenían la esperanza de conservar sus trabajos. Y los grandes depositantes, dueños de 38,000 millones de los 68,000 millones de euros en depósitos, sólo perderían el 10% y hasta podrían haber recibido bonos a cuenta de la futura explotación de los yacimientos de gas natural del país.

Pero los depositantes pequeños protestaron y la Unión Europea, interesada en castigar a los grandes, muchos de ellos rusos, les apoyó. La versión final de la solución contenta a los depositantes de menos de 100,000 euros, quienes no serán tocados, pero lesiona más a los demás, quienes pueden llegar a perder el 40% o más de su dinero.

También los empleados del segundo banco en tamaño saldrán perdiendo. Ya no tendrán la esperanza de salvar sus empleos, pues el banco será efectivamente liquidado al traspasarse una parte de él al banco más grande y la otra parte quedar sujeta a un proceso de liquidación de activos y pasivos. Para ellos, la primera solución era menos mala, y hay incluso quienes dicen que les habría ido mejor si Chipre hubiera dejado el euro y vuelto a tener su propia moneda.

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