A pesar de su inclinación por las fiestas, los brasileños están aprovechando cualquier ocasión para protestar, no para celebrar. Lo hicieron durante los juegos de la Copa de las Confederaciones y durante la visita del Papa.

Las protestas empezaron en contra de alzas en las tarifas de autobuses, trenes y metro en varias municipalidades, pero al poco tiempo su alcance se amplió para incluir asuntos como la corrupción, la brutalidad policíaca, el costo de la vida y la falta de servicios públicos.

El gobierno comenzó siendo muy popular, y creyó que los preparativos para el Mundial de Fútbol del 2014 acapararían la atención de la población y la mantendrían entretenida. Creía también que la trayectoria de izquierda de Dilma Rousseff le aseguraría el apoyo incondicional de sindicatos, estudiantes y campesinos. La economía, sin embargo, pesó más.

La tasa de crecimiento promedio bajo Rousseff, 2.1%, ha sido la menor del último cuarto de siglo, las desigualdades sociales continúan, la moneda se ha depreciado, la inflación ha erosionado el nivel de vida y las prioridades del gobierno son cuestionadas.

Los gastos para el Mundial y los Juegos Olímpicos de verano del 2016 han causado indignación. Las obras están atrasadas, sus presupuestos excedidos, y se estima llegarán a ser cuatro veces mayores que lo que Sudáfrica gastó para el Mundial del 2010.

Perjudica también a Rousseff la comparación con su predecesor, Lula da Silva. El crecimiento del PIB en los ocho años de Lula promedió 4.1%, y llegó al 7.5% en su último año, nivel difícil de sostener.

Fuentes cercanas al gobierno afirman que el crecimiento cuando Lula, basado en los altos precios internacionales de los productos básicos y en la entrada de capitales financieros, era intrínsecamente vulnerable a eventos externos, fuera del control de las autoridades. Pero las realidades económicas se imponen, y el gobierno es culpado por ellas.

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