La iniciativa de Acoprovi y Pro Consumidor pretende armonizar un contrato estándar para este tipo de operaciones, que garantice las condiciones contractuales acordadas entre el promotor y el adquiriente

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Después de las recurrentes denuncias de usuarios inconformes con las estaciones de gas propano o GLP, la mayor cantidad de casos que atiende el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) corresponden a contratos de venta alegadamente incumplidos por promotores o constructores de viviendas.

“Hay muchos reclamos de incumplimiento en el tema de la vivienda. Apartamentos que te dicen que es de mármol, de cerámica el piso, que la puerta es de caoba preciosa, y te salen con otra cosa; que te lo van a entregar en x tiempo y lo hacen tres años después”, explica Altagracia Paulino, directora ejecutiva de Pro Consumidor.

Con la finalidad de prevenir este tipo de conflictos y poner término a las “cláusulas abusivas” que según la funcionaria contienen muchos contratos, Pro Consumidor y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) iniciaron conversaciones para armonizar un “contrato único” que regule o estandarice de algún modo estas operaciones.

“Estamos tratando con Acoprovi a ver si se armoniza un contrato de adhesión, una especie de contrato único, porque también hemos detectado que es un sector bastante informalizado, que debe estar regulado. Entonces hay una propuesta que presentaron la gente de Remax, que la vemos muy bien”, explicó Paulino.

Contratos “de promesa” y de adhesión

Héctor Bretón, presidente de Acoprovi, aclara que lo que esta entidad ha planteado es un “contrato de promesa de venta”, no un contrato de adhesión, de modo que sirva a sus asociados como guía modelo o formato estándar, cuyas condiciones puedan ser modificadas de común acuerdo entre las partes.

“O sea, no es un contrato de adhesión, como los de tarjeta de cedrito, por ejemplo”, o como el que propone Pro Consumidor, señaló Bretón al referirse al punto en el que no ha habido acuerdo y que tiene estancado el diálogo entre la entidad gubernamental y el sector privado.

Indica que estos contratos “no son de adhesión, porque tienen que tener lugar a su modificación, según el acuerdo a que lleguen el promotor y el cliente en su interacción”, en cuanto a precios, condiciones de pago, entre otros aspectos negociables.

“Estamos dispuestos a seguir negociando el tema” con Pro Consumidor, dijo Bretón al periódico Acento.

Atribuyó el cúmulo de reclamos vinculados al sector que recibe Pro Consumidor a la irrupción en el mercado de “constructores o promotores entre comillas”, que en la gran mayoría de los casos no son empresas formales ni están afiliados a Acoprovi.

En las zonas urbanas, alrededor del 40% de las construcciones se desarrollan en el ámbito de la informalidad, aún dispongan de planos y estén registradas en el Ministerio de Obras Públicas, agregó el presidente de Acoprovi.

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