Los más importantes representantes del Sector Unido de la Construcción, APROCOVICI, ADECLA, AEI y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), se encuentran altamente preocupados por el retroceso de décadas que podría generar este Proyecto Fiscal en el sector viviendas, particularmente en el acceso a la vivienda asequible.

Tan solo como resultado de eliminar la tasa diferenciada de ISR de los fideicomisos de vivienda, el precio de la vivienda aumentaría en aprox. 12.5%. A estos aumentos se adicionaría un 18% de aumento por gravar con IVA la venta de viviendas, por la inclusión del IVA al transporte y a bienes no industrializados como los agregados, y por el aumento del 50% a las retenciones realizadas a la mano de obra. Es decir que esta reforma fiscal resultaría en un aumento total del precio vivienda mayor al 30%.

Como resultado del incremento en el precio de 12.5% planteado, el 59% de los proyectos de Vivienda de Bajo Costo (VBC) saldrían de su actual calificación, provocando que los compradores pierdan el acceso al bono de Vivienda de Bajo Costo, llevándose de encuentro los planes de vivienda social que promueve el mismo gobierno, lo que significa que 6 de cada 10 familias dominicanas quedarían descalificadas por no contar con los recursos necesarios para solventar estos aumentos, alejando el sueño de miles de dominicanos de tener una vivienda digna.

A esta difícil situación se agrega que los precios de los alquileres subirían debido a una reducción importante de la oferta de viviendas para estos fines, y a un incremento significativo del costo para los propietarios, como resultado de la disminución de la base del IPI de 9 millones a 5 millones, y de la revalorización de inmuebles.

Todos estos factores, en conjunto con la adición de impuestos al alquiler de renta corta, provocarán un desplome de la demanda de viviendas, disminuyendo las ventas en aprox. 56%, lo cual motivaría una reducción de aprox. 77,000 millones de pesos de la inversión en nuevos proyectos, provocando impactos negativos al Producto Interno Bruto y la reducción de más de 115,000 empleos. Estas estimaciones están basadas en escenarios conservadores de acuerdo con la data del año 2023 del Boletín de Estadísticas de Solicitud y Expedición de Licencias de Construcción de Viviendas y Edificaciones del MIVED.

Esto supondría una irreparable disminución de la construcción de viviendas en los próximos años, deteniendo drásticamente los avances alcanzados en la reducción del déficit habitacional de nuestro país gracias al fideicomiso.

Ante este desolador escenario para la vivienda, Acoprovi y el Sector Unido de la Construcción, solicitan que se revise el paquete de medidas fiscales con el fin de mitigar los efectos adversos sobre el sector vivienda, asegurando así que los esfuerzos por modernizar la economía no comprometan el derecho constitucional del acceso de los ciudadanos dominicanos a una vivienda. Como sector estamos comprometidos a colaborar con el gobierno en la búsqueda de soluciones a través del diálogo constructivo.