En las naciones donde la democracia hace posible cuestionar las decisiones gubernamentales es habitual que surjan agrupaciones para defender intereses comunes.

Aunque las posiciones defendidas no siempre coinciden con los objetivos más amplios del país, lo importante es que cada sector aporte sus puntos de vista a la discusión de las políticas públicas.

Pero un requisito para que ese mecanismo funcione con eficiencia y equidad es que todos los sectores tengan presencia institucional y puedan intervenir en el debate.

Si ése no fuera el caso, las decisiones serían influidas por los que cuentan con entidades representativas, pudiendo quedar desprotegidos los intereses de los demás.

Remax Metropolitana, conocida empresa de bienes raíces, ha propuesto que los propietarios de viviendas se agrupen para defender sus intereses, y en apoyo de esa idea describe un escenario económico en el cual la adquisición de viviendas para alquiler es una actividad peculiar de la clase media dominicana, con el fin de complementar sus ingresos, y tener algo para la vejez. A los miembros de la clase alta no les atrae, pues pueden poner su dinero en cosas más rentables.

La empresa atribuye a la falta de representación que el impuesto a la vivienda suntuaria haya sido transformado en uno sobre la propiedad inmobiliaria, afectando a quienes dependen del rendimiento de sus inversiones en esa área. Y expresó alarma por la posibilidad de futuras medidas encaminadas a extraer más impuestos del sector inmobiliario.

El efecto sobre el diseño de las políticas económicas en el país de lo que podría ser calificado como representación desequilibrada es un concepto interesante, aplicable también a otros sectores y actividades que por sus características no son propensos a constituirse en grupos, o no disponen de los recursos para defender sus planteamientos en los medios de comunicación y las estructuras de poder.

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