Llevar agua potable a un hogar en República Dominicana cuesta entre 2,500 y 3,000 dólares, es decir, entre 102 mil y 123 mil pesos dominicanos, lo que indica que para dar cobertura completa al país se requieren entre 4,000 y 7,000 millones de dólares.

La estimación la hizo el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Alberto Holguín, cuando fue entrevistado en el Desayuno Económico de elCaribe.

Cuando aborda el tema del agua, Holguín resalta que acceder a ese líquido es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas y que la Estrategia Nacional de Desarrollo manda que República Dominicana para el año 2020 debe tener cobertura en un 100% de agua potable. Sin embargo, el funcionario plantea que en la forma humana como se mide no sería posible. “Solo sería posible si se mide como lo hacen los organismos internacionales”, indica.

Lo que quiere decir el director del Inapa concretamente con estas últimas expresiones es que a nivel nacional la cobertura hay que verla de dos maneras. Como la miden los organismos internacionales y como entiende él que debe ser, partiendo, incluso, de una visión más humanizada. Los organismos internacionales toman la premisa de que si usted está vivo, toma agua.

Y consideran como cobertura de agua, cuando la persona tiene la posibilidad de acceder a ese líquido aunque esté a un kilómetro de distancia. Si se toma ese parámetro, entonces la cobertura del país es de 98.7%. Algo así como que el problema de agua está prácticamente resuelto. Ahora, si se toma en cuenta la concepción que tiene Holguín sobre el tema y el propio censo que se realizó en 2010, la cobertura en el país es de apenas 46.3%, por acometida (instalaciones) en los hogares, y llega a 67% cuando se considera la existencia en los patios.

El hecho de que exista acometida, no significa necesariamente que hay agua, pues a veces el líquido no llega, aclara el titular del Inapa. “Nosotros vemos la cobertura cuando usted tiene agua en su espacio de vivir. Es decir, en su casa o en el patio. Es así como usted garantiza que si le llega agua la puede utilizar y aprovechar. Sería inhumano decir que por buscar agua a un kilómetro usted tiene agua”, dijo.

Holguín aseguró que no tiene información precisa sobre la cantidad de dominicanos que reciben agua ni la regularidad con la que les llega ese servicio. “Esa medida no la tenemos nosotros ni existe ningún dato estadístico en el país”, apuntó el funcionario.

En otro espacio de la conversación dijo que en la parte urbana la cobertura de agua está en un 53.8% dentro de las viviendas. En el tema de agua Inapa maneja 25 provincias y parte de Santiago. Esa parte de Santiago es, incluso, más grande que algunas provincias, por tanto, para el director del organismo es como si manejara 26 provincias. En las áreas globales que maneja el Inapa la cobertura de agua es del 60%, tanto dentro de las viviendas, como en patios, según los números que maneja Alberto Holguín.

Inclinada hacia los ricos
Cuando el director del Inapa comienza a manejar cifras en la entrevista, deja una serie de puntos claros. “El 20% de la población más rica tiene una cobertura de agua del 92% y el 20% de la población más pobre apenas tiene 53%, aunque en términos generales la cobertura de agua no llega al 50%”, planteó. Con esas expresiones se refiere a que históricamente las inversiones que se destinaron para agua en el país fueron en los sectores que tienen mejor nivel de vida.

“Partiendo de esos conocimientos sobre la parte humana es que se realizarán las inversiones del actual Gobierno en la materia, especialmente porque la actual gestión tiene un corte social. Las inversiones irán a los sectores más desposeídos y que tienen los mayores problemas. Lo que se busca es que los ciudadanos tengan agua permanente, sino en los hogares, por lo menos en el patio”, apuntó.

El director ejecutivo del Inapa sostuvo que se trabaja para que todo el país tenga agua y que “como sociedad no se han dedicado los recursos para conocer las inversiones que existen”.

Dinero en tubos vacíos
Aseguró que en el territorio dominicano han invertido unos RD$10,000 millones en tuberías que nunca han tenido agua. Se trata de obras que han seguido un proceso y dejadas abandonas y luego hay que comenzarlas de nuevo. “Estamos tratando de conocer lo que tenemos en el país y para eso estamos aprovechando las herramientas tecnológicas actuales. El objetivo de la sociedad y de un gobierno no debe ser la construcción, sino de llevar agua potable a los hogares, donde la construcción es el medio para lograrlo. Vamos a dedicarnos a garantizar el servicio y a mejorar la calidad de éste”, expuso.

Citó los casos de Samaná y Hermanas Mirabal donde se han realizado inversiones (cercanas a los RD$10,000 millones en acueductos en cada uno) pero, en el caso de la última provincia, la obra no ha comenzado a operar ni ha sido inaugurada, porque falta un personal con capacidad de recibir el acueducto.

“Uno de los problemas son los bajos salarios de quienes dirigen oficinas provinciales del Inapa Eso es una dificultad cuando se quiere garantizar que a la inversión se le dé un uso y manejo serio y adecuado”, expuso Holguín, quien aspira a formar una estructura que garantice las inversiones.

En sentido general, INAPA tiene cerca de 6,000 empleados, de ellos 1,300 en la capital. El 69% de esos empleados ganan menos de RD$7,000, informó. l

Un elevado déficit que debe cubrir el Estado

Un metro cúbico de agua son 264 galones (cinco tanques grandes). Llevar esa cantidad a un hogar le cuesta RD$40 al Estado. La ley dice, según Holguín, que Inapa por esa cantidad debe cobrarle RD$12.00 al ciudadano de mejor condición económica, al ciudadano medio RD$6.00 y al de la clase baja RD$4.00. Si el ciudadano fuera a comprar la cantidad de manera privada tendría que pagar entre 50 y 300 pesos.

Partiendo del análisis y mirando la producción teórica del agua en el país y lo que se cobra entre las instituciones del sector, Holguín calcula que el déficit de la producción versus la cobranza ronda los US$1,000 millones. El tema no sale a relucir porque es un desequilibrio de una actividad del Estado y éste subsidia ese dinero.

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