Apenas se acaban de conocer sus cifras y ya el nuevo presupuesto ha creado disgustos. Algunos organismos y dependencias se quejan por los montos de sus asignaciones y señalan que sus labores serán lesionadas.

La deuda pública, los subsidios, la educación y la salud se llevan las mayores tajadas del gasto corriente y en la composición de las inversiones las de tipo social inciden de forma destacada.

Es evidente que no se pueden complacer todos los reclamos, ni siquiera los que están apoyados en disposiciones legales que les atribuyen tales o cuales porcentajes del presupuesto o de los ingresos tributarios. Sencillamente, el pastel no da para servir lo que todos desean.

Una gran incógnita sigue siendo el sector eléctrico, porque aparte de los US$250 millones para inversiones en ese sector, los US$800 millones del subsidio son inferiores al déficit proyectado. Como sucede con el caso de la deuda pública, la flexibilidad que el gobierno tiene para reducir ese subsidio es limitada. Puede hacerlo incrementando los apagones o subiendo la tarifa, pero ambas soluciones reducirían el crecimiento económico. Si recurre a préstamos, se elevará la deuda pública. Y la capacidad de descontar facturas, como se planea hacer ahora por US$300 millones, también es limitada e implica recibir fondos adelantados a cuenta y en desmedro de los cobros futuros.

Los efectos del incumplimiento del presupuesto de este año empiezan a sentirse en la percepción acerca de las perspectivas económicas del país, como lo demuestran la declaración de la última misión del FMI y la evaluación de la agencia Fitch de calificación. Eso puede llevar a un encarecimiento de los créditos que el país tomará el próximo año.

La peor señal que podría darse es que, sin todavía haber sido aprobado el nuevo presupuesto, el gobierno aceptase cambios que afectasen el total de gastos y el estimado del déficit fiscal.

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