Santo Domingo.– Ramón Meléndez (Guayabón) murió aplastado la medianoche del 22 de septiembre del 2003, atrapado en el sótano del hotel donde trabajaba, cuando un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter sacudió los cimientos de Puerto Plata y Santiago, provocó el colapso de edificaciones, agrietamiento de escuelas, vías comunicacionales y sulfuró los nervios de una población que no pudo sobreponerse ante la furia de la naturaleza.

Siete años después un poderoso terremoto de 7 grados arremetió contra Haití. El saldo oficial de muertos según las cifras aportadas por el gobierno fue de 217,000 personas, en lo que significó un drama dantesco del cual el mundo apenas se repone. Estos datos no son el remake de una película de horror ni pretenden inocular en la población un pánico deliberado. Nada más distante.

Los retos: medidas antisísmicas
Se trata de establecer un elemento olvidado para quienes analizan cuáles son los retos y desafíos que enfrenta República Dominicana a la hora de desarrollar cualquier iniciativa llamada a incrementar su potencial en términos de lo que son sus perspectivas de sostenibilidad. Es un hecho significativo: lo ocurrido en Puerto Plata en el 2003 y en Haití en el 2010 y al tomar en cuenta que República Dominicana tiene 10 fallas geológicas y que en la región sur del país, una de ellas, la de Neiba, incidió en el fenómeno telúrico que devastó el vecino país, impide que se tomen decisiones trascendentales, más allá del promedio, para liberar de riesgos la enorme infraestructura de la que todavía se adolece y fortalecer el desarrollo de la industria turística, de telecomunicaciones y de electricidad, que fundamentan una parte sustancial del futuro del país.

Así como la familia de Guayabón perdió a uno de sus integrantes más importantes, no hay dudas de que la tierra aguerrida solo quiso dar un aviso: estamos a merced de los terremotos, hay que prever para no lamentar. Si no se toman en cuenta medidas urgentes, bramarán los cimientos y con ello toda nuestra infraestructura. Decirlo puede parecer temerario, pero decirlo es, nada más y nada menos que la verdad; estamos en la misma tierra, con el mismo destino desde que en 1562, un terremoto destruyó las ciudades de Santiago y La Vega, y la misma tierra, que en 1496 produjo un sismo que borró el mapa del pueblo de Matanzas, en Nagua.

Turismo, electricidad, telecomunicaciones
Si como establecen organismos de credibilidad meridiana como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las inversiones en subsectores como el turismo, la electricidad y las telecomunicaciones se consolidaron como la causa principal del incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en República Dominicana en el interregno que comprende el 1997-2002 y que hasta el 2007  la llamada industria sin chimeneas atribuyó a este renglón un monto de 2.591 millones de dólares, el país no puede permanecer contemplativo ante su realidad.  Ese segmento del subsector servicios requiere de una plataforma de infraestructura que le permita competir con un mercado internacional cada vez más enfocado en concebir una mayor satisfacción en términos cualitativos, y que además de la fascinación natural que inyecta una ubicación envidiable, con los consabidos paisajes paradisíacos, playas portentosas y ambientes exóticos del Caribe, cuente con una reingeniería antisísmica que evite el colapso en una zona amenazada por su propia naturaleza. Esto hay que verlo con un criterio de seriedad a toda prueba. Un informe de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, que data del 2010, establece que la actividad sísmica en el país es recurrente y “por lo tanto, es racional esperar que en el futuro se produzcan eventos sísmicos”.

Los parámetros de factibilidad con los que contaba la República Dominicana cuando inició el auge de la inversión en turismo en la década de los noventa y los que existen ahora son peligrosamente distintos si apreciamos lo que establece este informe al indicar que el crecimiento poblacional y físico del país, a lo que debe añadirse el impacto que por defecto se propicia de Haití, con una superpoblación que también vulnera la integridad de la isla, expresa niveles de vulnerabilidad mayores que los de cualquier época.

“En la construcción de las partes no estructurales y las instalaciones electromecánicas especiales no se toma en cuenta la violencia de una sacudida sísmica u otras fuerzas extraordinarias de la naturaleza”, expone el estudio.  Si bien es cierto que las normas antisísmicas del país datan de 1979, no se puede decir que no se han hecho los esfuerzos para determinar medidas regulatorias en la estructura hotelera.

Planes  
En julio de 2008 la entonces Secretaría de Turismo dispuso que a partir del 31 de ese mismo mes se aplicaría el Sistema de Clasificación hotelera (SNCH) que permitiría homogeneizar -en armonía con los estándares internacionales- tanto los servicios como la infraestructura hotelera. Esto, que fue instrumentado a través de una resolución, pretendía buscar fórmulas para categorizar los hoteles de acuerdo con los estándares internacionales vigentes. No se ha establecido, al menos públicamente cuáles fueron los alcances de esta disposición, que estuvo en el espíritu de contribuir con la mejoría y el desarrollo del sector turístico.

Según los registros periódicos de la época, en el 2000 el Estado había concebido el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Integral que incluía entre su misión más relevante, inversiones en infraestructura, diversificación de la oferta, así como el fortalecimiento de las iniciativas en ese renglón, con el objetivo de que para el 2012 ingresaran 5 millones de turistas, de los cuales, 4.4 millones fueran visitantes internacionales. Se buscaba la generación de más de 5 mil millones de dólares anuales por ingreso del turismo y garantizar montos de inversión hotelera e inmobiliaria que ascendieran a los 8 mil millones de dólares. Estas iniciativas buscaban como foco la realización de infraestructura en Barahona, Luperón, Miches, Cabrera, Río San Juan, Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, La Isabela, Montecristi, La Romana, Juan Dolio y Boca Chica. El renglón del turismo constituye uno de los sectores de mayor dinamismo y según la Dirección de Estudios Económicos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) aportó en el año 2000, al cierre de la década en la que logra consolidarse, el 12.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Un dato que impone la relevancia de estas apreciaciones es que en lo que respecta a la generación de divisas el turismo ocupa el primer lugar generando en el último lustro 2 mil millones de dólares anuales y se colocó por encima de los ingresos generados por renglones como el azúcar, café, cacao, tabaco y minería. El turismo ha generado según reportes conocidos al 2000, 47 mil 763 empleos directos.

Telecomunicaciones
Es un hecho también que el sector de las telecomunicaciones está “fuertemente desarrollado” siendo una de las mayores fortalezas sistémicas de la economía dominicana. La Cepal y otros organismos internacionales y nacionales auscultaron un origen para justificar las precisiones, con conclusiones de que a esta situación de factibilidad contribuyó de manera marcada el uso de nuevas tecnologías con el componente fundamental en la expansión de servicios de telecomunicaciones gracias al monopolio que mantuvo por muchos años la Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel) y otro aporte fundamental fue la nueva ley sobre la materia  introducida en el 1998 y que liberalizó la regulación de la industria, creando a la vez el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Se promovió la libre competencia.Los retos en el campo de las telecomunicaciones todavía presentan una panorámica bien aspectada y desafiante, aunque se han destacado de manera tradicional ámbitos polémicos en el orden de frecuencias, interacciones técnicas intersectoriales, etc.   Hay cierto consenso en que deben ser resueltas situaciones propias del régimen jurídico; reglas a veces oscuras, una presión tributaria que según ha expresado recientemente el presidente de Orange Dominicana, Jean Michel Garrouteig ronda el 28% y es la más alta de América Latina. Estas disquisiciones, expuestas de manera cíclica por los actores del sector implican la existencia de una problemática estructural, acendrada en la cultura o sistémica y es por ello que en las consignaciones de ese presente y de ese futuro el Congreso Nacional deberá ponderar la petición de revisar en el proyecto de reforma fiscal integral todo lo relativo a la equidad en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Según las corrientes de competitividad que priman en el mundo desarrollado, la incorporación de las Tecnologías de la Información (TIC) en lo que conceptualmente se entiende como la disminución de la brecha digital, forma parte de esa maraña de sostenibilidad para fomentar ese desarrollo.

Optimismo
Los retos en este campo no descartan el optimismo, pues República Dominicana es el noveno país del mundo con mayor acceso a las comunicaciones telefónicas por redes fijas o inalámbricas y el número 19 con mayor acceso a los computadores personales. Según la Mesa de Trabajo Interinstitucional de Apoyo a los Centros de Acceso Colectivo a las TIC en República Dominicana es preciso fomentar la industria de las tecnologías a fin de que sirva como medio de activación del sector empresarial para exportar conocimientos y servicios, así como propiciar la inversión en el sector de las altas tecnologías.

El sector eléctrico
La sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y la solución a una problemática que se extiende en el tiempo, en una marejada de intereses en conflicto por resolver, la revisión exhaustiva y sin las falsas adhesiones a contratos considerados leoninos y la determinación sin mayores vueltas de la deuda que tiene el Estado con los actores del sector energético, representan una de las prioridades, para muchos la fundamental con miras al desarrollo del país.

Para el experto en materia de energía, José Luis Moreno San Juan, uno de los retos por delante que tiene el país es definir si la electricidad es vista como una mercancía o como un bien de utilidad pública. Y en este sentido si sirve para mejorar la calidad de vida de la población y que el país sea competitivo en lo que es su área de producción. Esto aunque sea contemplado con simplicidad es trascendental para poder trazar las políticas que delimiten los puntos pujantes en términos de desarrollo. Lo que muchos entienden como el problema fundamental -atribuir la gran problemática a los escapes por el robo de energía- el experto plantea que los desafíos mayores lo significan una estructura que se ha establecido a partir de lo que es la generación de electricidad, que hace que la energía en el mercado mayorista, las empresas distribuidoras de electricidad crean unos precios exorbitantes que no se corresponden con la realidad de los costes de producción en el sector de la generación.

Hay un ejemplo claro: las distribuidoras en el primer trimestre de este año estaban adquiriendo la energía alrededor de 18.5 centavos de dólares por kilovatio-hora y cuando se hace un análisis de los usos de producción, los precios debían oscilar alrededor de los 14 centavos de dólar. Otro de los aspectos en los que coincide este estudioso con organismos bilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es que la deuda del Estado con el sector eléctrico es de alrededor de 800 millones de dólares. Se ha evitado el ingreso al sistema de nuevas plantas de bajo costo, “y se viene dando vueltas con el tema de la expansión del sistema para instalar plantas de bajo costo a carbón”. Esa estructura acciona haciendo que la obtención de la energía de bajo costo para los clientes no regulados y ciertas empresas mineras como Falconbridge que la consiguen entre 8 y 9 centavos de dólar, mientras que las empresas distribuidoras para el resto de los consumidores la obtengan a 18.5 centavos de dólar.

HAY QUE BUSCAR ESOS 2000 MEGAVATIOS
La no incorporación de nuevos generadores es parte de ese problema y la no entrada de nuevas plantas que se habían prometido en el 2006 con 2000 megavatios de producción a carbón, han contribuido a que el conjunto del tríptico de la expectativa de desarrollo en presente y futuro, como el turismo, las telecomunicaciones y la electricidad, todavía se mantengan en la picota del debate nacional.El planteamiento de una deuda de 800 millones dólares y los precios abultados de la energía, han significado para este año cerca de 500 millones de dólares y que constituyen una deuda reconocida.

Entre las soluciones para alentar mejores perspectivas en el campo energético están la creación de una mesa de combustibles, lo que ya se había planteado entre los años 2006-2008.

Del mismo modo la decisión del gobierno de elaborar una estrategia de instalación de plantas de bajo costo en un tiempo prudente que nunca será menor a los tres o cuatro años.

Puntos a tomar en cuenta
Las fallas que alcanzan mayor amenaza son la Septentrional y la del Cibao, que atraviesan el país de Este a Oeste.

En San José de Ocoa y Neiba están las fallas del Sur; en el Cibao está la de Bonao, que en combinación con la norteamericana provocó el sismo de Puerto Plata del 2003. En el Este están las fallas de Higüey, El Seibo y en el Canal de la Mona, la de Milwakee.

Por Néstor Medrano

Publicado en listin.com.do