Unificar tarifas, como las de la electricidad, puede ser técnicamente correcto, pero eso no equivale a decir que sea oportuno. Decisiones de ese tipo no pueden ser tomadas aisladamente, en base a conceptos intrínsecos, sino que debe tenerse en cuenta el contexto en que se toman. Y para la unificación decidida por la Superintendencia de Electricidad y revertida por el Presidente Medina menos de 24 horas después, el contexto no podía ser peor.

Aunque siempre es deficiente, el servicio de electricidad atraviesa por una de esas recurrentes etapas de mayor inestabilidad, con más apagones y fluctuaciones de voltaje. Subir la tarifa residencial en esas circunstancias era como añadir un agravio a un insulto, sobre todo porque desde la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) el mensaje ha sido que la solución está en variar la estructura de la generación vía el uso de carbón y gas.

También era ilógico provocar un aumento en el costo de la vida, cuando el Banco Central ha tenido que aplicar medidas para evitar que la depreciación del peso haga subir la inflación más allá del rango fijado como meta para este año.

Pero además de todo eso, la forma de presentación del ajuste fue poco atinada. Dado que promover las pequeñas empresas es ahora un objetivo popular, el anuncio de que se iba a bajar la tarifa comercial aplicable a ellas quizás lució como un medio efectivo para atraer apoyo a la medida. Pero en realidad fue percibida como un mecanismo por el que los hogares pagarían más para que los negocios pagaran menos, y resulta ser que la población está cansada de que en el sector eléctrico unos paguen por lo que otros consumen. Podía decirse que no era así, que la medida sólo corregía una distorsión anterior, pero es la percepción lo que cuenta.

Y se pasó por alto también que muchísimas microempresas operan desde residencias y son informales, lo que hace difícil trazar la línea divisoria entre comercios y hogares.

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