La vivienda es uno de los principales problemas de nuestra nación.  En torno a ella, a la carencia y a la baja calidad, se perfila una situación de injusticia, de desigualdad y de falta de respuesta del estado que deja al descubierto la incapacidad, la falta de planificación y el desinterés del mal gobierno con los dominicanos.

La vivienda como problema – que es como hay que entender el asunto a día de hoy en nuestro país – no solo supone un mal para muchas personas y familias que no encuentran una solución habitacional para ellos sino que además perjudica abiertamente a nuestra capacidad de crecimiento y de creación de empleo.

Hay varios factores determinantes para abordar el problema con rigor y seriedad y trabajar en una respuesta decidida para actuar y resolver el mal que hay en torno a la vivienda de los dominicanos.

Es necesaria una construcción masiva que dé respuesta a una demanda creciente para familias que viven en condiciones infrahumanas, familias que se constituyen y quieren vivir con dignidad y todos aquellos que aspiran a una residencia de calidad.

Es urgente atender la necesidad de una vivienda de interés social (VIS),  desarrollar el modelo estándar y de vivienda progresiva para facilitar su adquisición.

Hay que abordar con rigor la construcción de vivienda segura y establecer protocolos coherentes en materia de construcción. Lo hemos visto recientemente para bien y para mal: para bien cuando los huracanes han azotado otros países donde si bien han causado estragos, en Estados Unidos, por ejemplo, los inmuebles han resistido las embestidas del clima.

Debemos fijarnos en aquellos países donde las cosas se hacen bien, donde se actúa inspirados por la experiencia y donde se ha asumido la responsabilidad de dar respuesta a los riesgos de la población. Esto vale para huracanes, lluvias y movimientos sísmicos, pero también en la prevención de incendios y otros peligros.

Y, finalmente, y no por ello menos importante, es necesario un sistema de financiamiento que, desde el banco Central y la superintendencia de bancos genere los mecanismos necesarios para la aprobación de financiamiento mediante créditos hipotecarios, con requisitos nuevos mínimos y más flexibles ya que la verdad de nuestro país es que la mayor parte de los usuarios potenciales aún viven en la economía informal y eso acrecienta en una espiral injusta su dificultades.

Los políticos del mal gobierno, los de las instituciones y la oposición que se alternan en el poder desde hace décadas dicen que hay que crear una nueva institución pública: así resuelven todo, con el incremento de la burocracia a partir de un anuncio pomposo que les den titulares en los periódicos. Porque lo importante no es resolver los problemas sino cómo salen en los diarios, cómo pueden escenificar el anuncio y que ventajas obtendrán de ello en las elecciones. El mal gobierno es ineficacia, ineficiencia e incompetencia para actuar sobre la raíz.

Lo necesario son nuevos incentivos a la financiación para agilizar el movimiento de construcción y compra venta de viviendas para todos.

Y los hay.

Hay que liberar el encaje legal a los bancos, para que dispongan de liquidez  pero hay que acompañarlo de medidas que obliguen a titularizarlos, para que esa liberación no ponga en riesgo el sistema financiero, haya dinero en curso y esté asegurado que no corre ningún peligro haciendo sostenible el sistema: liberamos el encaje legal pero obligamos a la banca a que después de colocar estos recursos titularice vendiendo la cartera a otros fondos y así regrese el dinero.

La titularización supone el retorno del dinero liberado y por tanto del mantenimiento de la capacidad para seguir moviendo capital. Liberando el encaje legal  se puede titularizar en el mercado internacional a través de fondos de inversión o pensiones.

El estado debe cumplir con un papel de impulsor, arbitraje y dinamización del sector, no debe suplirlo. Es muy tentador para presidentes y ministros entregar viviendas y hacerse una foto y salir en televisión siendo abrazados por dominicanos que al fin tienen una vivienda. Pero eso es demagogia y populismo.

El papel del estado es el de garantizar y facilitar la creación de vivienda. Debe financiar mediante el presupuesto de la nación los subsidios adecuados y tasas de interés accesibles. Debe crear bonos de vivienda según la capacidad de pago del consumidor. Debe garantizar las tierras, tasando los territorios adecuadamente para poder actuar sobre ellos, evitar la injusticia de no pagarlos y evitar, al mismo tiempo, la especulación.

Hay que respetar el valor de pago y reposición, respetar el derecho del propietario privado, pero hay que actuar, y sin más dilaciones. Por ejemplo, en Santo Domingo donde la situación requiere de medidas urgentes, actuando sobre terrenos que para poder disponer de ellos hay que conseguirlos a precio de mercado, que es lo que es justo.

El sector privado es el músculo de la economía y también lo es en el sector vivienda donde además de resolver las necesidades habitacionales se crea empleo, fomentando la contratación, además de activar empresas subsidiarias que  proveen de materiales a los constructores.

Con estas dinámicas de financiación podríamos desarrollar una política de vivienda eficaz y sostenible, actuar donde más falta hace sin aumentar la burocracia y optimizando los recursos, eso ayudaría al dominicano a tener nuevas oportunidades, mejorar su situación y mejorar el rumbo de su vida.

Una vivienda segura es la lanzadera para el futuro de las familias y también de nuestra nación.

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