Acabar o, al menos, disminuir a la mitad el déficit ha sido tomado muy en serio por esta gestión pública, pero aún habrá que ver cómo reaccionarán la banca y los constructores

El déficit de viviendas en República Dominicana se estima entre 900,000 y un millón. Es una cifra que se renueva cada año. Los constructores consideran que anualmente se necesitarían alrededor de 55,000 unidades, pero que sólo se producen cerca de 35,000. Partiendo de estos datos está claro que no habrá solución en el mediano plazo.

El presidente Danilo Medina emitió el Decreto 268-15, que fija el precio de la vivienda de bajo costo en un valor máximo de RD$2.4 millones para 2015 y años anteriores. Este es el monto utilizado por Impuestos Internos para otorgar el bono o exención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los adquirientes de vivienda de bajo costo en proyectos que se desarrollen bajo la figura del fideicomiso, tal como establece la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.

El decreto también establece la metodología de indexación anual, utilizando el índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central. De igual forma, indica que aquellos proyectos con al menos ocho unidades habitacionales y que el 75% de las mismas estén por debajo del monto máximo de RD$2.4 millones, podrán ser considerados como proyectos de viviendas de bajo costo, siempre que se desarrollen bajo la figura del fideicomiso y, por ende, calificar para la obtención del bono ITBIS.

Sin duda que la decisión ejecutiva de impulsar la vivienda de bajo costo es una medida plausible, toda vez que el déficit de unidades se mantiene estático o creciendo, pues el mercado no dispone de suficiente oferta ni toda la población tiene el poder adquisitivo para acceder a un techo digno.

El presidente Medina ha dado un paso importante para bajar el déficit de viviendas, dándole un carácter más institucional a los esfuerzos que desde 2011 se hacen para lograr que el país mejore el acceso a una vivienda digna.

Los constructores, de su lado, deben entender que también tienen una responsabilidad más allá del negocio. El capital privado, en manos de los constructores, está compelido a impulsar proyectos de bajo costo, contribuyendo de ese modo a mejorar la situación en que viven miles de dominicanos.

Las instituciones financieras, a través de las fiduciarias, están llamadas a ofrecer no sólo recursos suficientes para que los proyectos se materialicen, sino, además, asesoría técnica a los candidatos o adquirientes a una vivienda, pues hay mucho desconocimiento de los beneficios a los que pueden acceder o recibir a través de la figura del fideicomiso.

El Gobierno, principal promotor del bienestar de la gente por su responsabilidad social como mandato constitucional, ha promovido bien en despejar el camino para que los bancos y los constructores jueguen un papel histórico.

Es justo reconocer el esfuerzo que en todo este trayecto ha hecho el Banco Central, pues ha promovido las adecuaciones necesarias para que el crédito a una vivienda económica no encuentre escollos.

Los protagonistas del sistema financiero son testigos, quizá más que nunca, de esfuerzos que apuntan hacia una dirección segura respecto a disminuir el déficit de viviendas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Si ya están las disposiciones y normativas legales para lograrlo, ahora hay que redoblar esfuerzos en la voluntad política para hacerlo. Ahí está la llave de miles de puertas que darán entrada a una vivienda digna para quienes aún residen en la incertidumbre.

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